El crimen organizado sigue extendiéndose sin tregua en el país y afecta con particular saña a las micro y pequeñas empresas (mypes), ¿cómo reaccionan las microfinancieras?
Aunque el Gobierno emitió el 18 de enero el reglamento de la ley contra delitos de extorsión y sicariato, que contempla apoyo económico del Estado para las víctimas pertenecientes a los sectores de transporte público y de mercancías, las microfinancieras, que conocen de primera mano el problema, comenzaron a dar facilidades a sus clientes afectados por estos crímenes.
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Así, ante el creciente daño, las cajas municipales buscan aliviar la carga financiera, de forma temporal, a los grupos perjudicados.
“Estamos ayudando a los clientes que han sido extorsionados, les estamos reprogramando sus créditos con facilidades”, reveló a Gestión Ramiro Arana, gerente central de negocios de Caja Huancayo.
“A nosotros (las microfinancieras) nos pagan una cuota, y similarmente les pagan a los otros (los extorsionadores)... ya les rompe su capacidad de pago (a los microempresarios)”, expresó.
El ejecutivo precisó que se ha reprogramado créditos a clientes del sector transporte, bodegas, farmacias y otros.
Mypes son las más afectadas por la extorsión. (Fotos Jesus Saucedo / photo.gec)
Alternativas
Arana comentó que en algunos casos se extienden los plazos de financiamiento, entre tres y seis meses —para rebajar la cuota de pago a la microfinanciera—, y en otros incluso se puede reducir las tasas de interés, dependiendo del caso.
“Si le di 100, prefiero perder quizás 50 (y recuperar los otros 50), ya me pagará, porque tú (como microfinanciera) sabes que tarde o temprano esos clientes no pueden sostener el pago a dos (a la caja y al delincuente)”, manifestó.
Por su lado, Hans Terrones, gerente de división de negocios de Caja Trujillo, mencionó que se evalúa caso por caso para admitir facilidades para algunos clientes que reportan ser víctimas de extorsión.
Una alternativa que se les plantea es un descuento sobre el monto de su obligación, y otra puede ser un plazo adicional para que el prestatario “pueda asumir con mayor tranquilidad el crédito”, detalló.
Además, los descuentos no se otorgan sobre el saldo del préstamo que queda por cancelar, sino sobre “los intereses generados en ese mes”, dijo Terrones.
“Son temas muy excepcionales, muy puntuales, no es un beneficio abierto”, precisó.
En conclusión, en algunos casos hay rebajas de las deudas, no es algo generalizado.
Frente a cifras oficiales que dan cuenta de un descenso en la incidencia de los mencionados delitos, instituciones como el IPE sostienen que las denuncias por extorsión aumentaron en 2% en el último trimestre del 2025.
La Libertad fue la región con mayor participación en esas denuncias (12.1%), solo por detrás de Lima (46.7%), pese a concentrar apenas el 6% de la población del país.
Instituciones como el IPE sostienen que las denuncias por extorsión aumentaron en 2% en el último trimestre del 2025.
Clientes
“Nosotros cuidamos al cliente, y si es necesario le decimos: espera un poco, tenga paciencia, no asuma riesgos que después no pueda cumplir”, manifestó Terrones.
“Como entidad financiera tratamos de no sobreendeudarlo (al microempresario). Eso sí lo tenemos clarísimo”, añadió.
Jorge Delgado, presidente ejecutivo del consejo directivo de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas (Alami), puso énfasis en que la extorsión consume no solo económicamente, sino que afecta psicológicamente a los microempresarios y sus familias, por el temor que afrontan de perder incluso sus vidas.
“Existen zonas donde los asesores de negocio de las instituciones microfinancieras no pueden entrar porque están tomadas por estas bandas (de extorsionadores)”, aseveró.
“El Congreso no está haciendo absolutamente nada a favor de las instituciones microfinancieras ni de los clientes que están en esta situación (de extorsión). Por el contrario, están pensando en cómo reelegirse”, añadió.
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Normas permiten operaciones
Jorge Delgado, de Alami, consideró que la SBS ya cuenta con las normas necesarias para admitir que las cajas brinden las facilidades mencionadas, que son similares a las que se aplican cuando sucede un desastre natural, por ejemplo.
“Cada institución (microfinanciera) lo maneja de manera individual porque es el riesgo que asume (al prestar a una mype). La confianza y la transparencia del cliente con su institución es lo que ayuda siempre a ordenar ese tema (del riesgo de impago)”, sostuvo.
“Las instituciones microfinancieras tienen cómo (el marco legal) reaccionar ante esa situación”, agregó.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
