Las unidades de flagrancia tramitaron 193 casos de extorsión entre 2025 y lo que va de 2026, según informó la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del Sistema Nacional de Justicia Especializado de Flagrancia.
Del total, 78 casos correspondieron al 2025 y 115 al 2026. En lo que va de este año, los distritos judiciales con mayor número de procesos por extorsión son La Libertad, con 34; Lima Este, con 33; Piura, con 15; Ucayali, con siete; y Lima Norte, con seis.
En 2025, en tanto, La Libertad concentró 44 casos procesados por este delito, seguida de Lima Este y Piura, con nueve cada una. Ica y Lima Norte registraron tres casos cada una, mientras que el resto correspondió a otras jurisdicciones.
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Los datos fueron presentados por el secretario técnico de la comisión, Edman Rodríguez Vásquez, durante una reunión de coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Justicia Especializado de Flagrancia, realizada en el Palacio de Justicia.
Rodríguez Vásquez rechazó así versiones difundidas en medios de comunicación según las cuales las unidades de flagrancia solo habrían tramitado dos casos de extorsión. Consideró que se trataría de una equivocación o de información que no habría sido debidamente procesada.
Más de 33 mil casos ingresaron en 2025
El funcionario también destacó los resultados generales del modelo de flagrancia. Durante 2025 ingresaron 33,392 casos, de los cuales 31,043 fueron resueltos, equivalente al 92.97% del total.
En lo que va de 2026, las unidades han tramitado 21,283 casos, con 19,585 resueltos, lo que representa una efectividad de alrededor de 92%.
El Poder Judicial pidió fortalecer las unidades de flagrancia con mayores recursos, logística y personal para mejorar su capacidad de respuesta. Foto: PJ.
Advierten impacto de disposiciones fiscales
Pese a estos resultados, el secretario técnico cuestionó algunas disposiciones emitidas dentro del Ministerio Público que, según señaló, estarían reduciendo la información registrada por las unidades y limitando las competencias de los fiscales de flagrancia.
Explicó que estas medidas pueden llevar a que determinados casos sean derivados hacia el principio de oportunidad en lugar de seguir un proceso inmediato.
“Hemos visto incluso delitos contra funcionarios públicos, violación y otros que son de flagrancia, sin embargo, por resolución de la Fiscalía nos limitan a 19 tipos penales, lo que ha generado un impacto negativo en las unidades de flagrancia”, sostuvo.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, también había planteado la necesidad de revisar estas disposiciones. Durante una intervención por el Día del Juez y la Jueza, pidió al Ministerio Público evaluar las normas técnicas que, a su juicio, han generado riesgos al reducir las competencias sobre determinados delitos dentro del Sistema Nacional de Flagrancia Delictiva.
Según la autoridad judicial, el modelo ha permitido resolver la mayoría de los casos en plazos menores a 72 horas, con una capacidad de respuesta cercana al 92%.
El Poder Judicial pidió fortalecer las unidades de flagrancia con mayores recursos, logística y personal para mejorar su capacidad de respuesta. Foto: PJ.
Piden más recursos para las unidades
Durante la reunión, el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Carlos Zavaleta Grández, planteó la necesidad de reforzar las unidades de flagrancia con mayores recursos, logística y personal.
“Estamos en guerra contra la criminalidad y contra la inseguridad y lo que tenemos que hacer es fortalecernos como sistema a efectos de que cumpla su finalidad y que la respuesta sea pronta, efectiva y contundente”, afirmó.
Entre los acuerdos alcanzados figura solicitar a la Comisión de Justicia del Congreso que programe una fecha para presentar los resultados contenidos en el Informe Anual del Sistema Nacional de Flagrancia.
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Otro acuerdo contempla que las disposiciones vinculadas con la operatividad y funcionamiento de la flagrancia sean previamente analizadas en una mesa de trabajo de los representantes del Consejo Nacional de Flagrancia, sin afectar la autonomía e independencia funcional de las instituciones.
Finalmente, se acordó proponer reformas normativas y legislativas para fortalecer las unidades y reafirmar la participación de los operadores en la implementación del proyecto piloto del Sistema Integrado de Gestión Electrónica en Flagrancia (SIGEF).
En la reunión también participaron representantes del Ministerio Público, la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y la Policía Nacional.
