
Esta mañana, el abogado Juan Manuel Cavero Solano juró como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien renunció a su cargo a dos días de que se debata en el Pleno del Congreso una moción de censura en su contra.
Cavero Solano es abogado titulado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima, con estudios de Maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico y diversas especializaciones en áreas como Gestión Municipal, Business Intelligence, Derecho Administrativo y Evaluación de Programas y Proyectos.
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Hasta antes de su juramentación, se desempeñaba como jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú y como asesor principal en la institución.
De acuerdo con su hoja de vida, el nuevo titular de Justicia ha ocupado diversos cargos en el Estado. Ejerció como Intendente Nacional de Asesoría Legal Interna en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), así como fue gerente central de Asesoría Jurídica en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).
También laboró como gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Gobierno Regional del Callao, así como fue designado como subdirector de Sanciones en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
Cavero Solano, a su vez, se desempeñó como gerente de Supervisión y Fiscalización en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) y como presidente del Consejo Directivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Finalmente, en su CV figura su labor como director de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC.
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¿CUÁLES SON LOS CUESTIONAMIENTOS QUE PESAN EN SU CONTRA?
Cavero Solano registra varios cuestionamientos durante su paso por diversas instituciones del Estado. El pasado 30 de agosto, Santiváñez, entonces ministro de Justicia, lo nombró como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE). Unos días después, votó a favor de la remoción de Silvana Carrión de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, lo que generó una serie de críticas.
En el año 2018, el MTC lo removió del cargo de director de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC, tras conocerse una serie de fallas en el sistema de emisión de licencias y detectarse que se le había entregado un brevete a una persona con discapacidad visual.
Tras el escándalo en el que estuvo envuelto y que provocó su salida del MTC, el nuevo mandamás del Minjus pasó a laborar al Gobierno Regional del Callao; sin embargo, tampoco le fue bien, debido a que fue investigado por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios, abuso de autoridad, falsificación de documentos, entre otros.
En ese momento, se le acusó de emitir un informe legal para designar de manera irregular en el Gore Callao a importantes funcionarios sin tener los requisitos para dicho cargo.
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