El Gobierno oficializó la declaratoria del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario, en respuesta al incremento de la criminalidad y la violencia en ambas jurisdicciones.
La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 027-2026-PCM, con el voto del Consejo de Ministros, y será comunicada al Congreso de la República.
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Según la norma, la decisión se sustenta en informes de la Policía Nacional del Perú que advierten una “perturbación del orden interno” debido al aumento de delitos como homicidios, sicariato, extorsión y otros actos vinculados al crimen organizado. Frente a este escenario, el Ejecutivo considera necesarias acciones extraordinarias para restablecer la seguridad ciudadana.
Durante la vigencia del Estado de Emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales podrán intervenir conforme al marco legal vigente. Además, se autoriza la restricción o suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad personal.
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Como parte de las disposiciones, las actividades públicas de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades, mientras que aquellas de menor escala podrán realizarse sin permiso. Asimismo, se podrán establecer restricciones al tránsito vehicular en zonas específicas, en función de la evolución de la seguridad.
La norma también introduce medidas concretas para el control territorial y la lucha contra el crimen. Entre ellas, se prohíbe que dos personas adultas circulen juntas en motocicletas —salvo excepciones—, se intensifican los operativos de control de identidad y se habilita la intervención de inmuebles en el marco de acciones policiales. Asimismo, se prevé el decomiso de armas ilegales y la fiscalización de actividades ilícitas.
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En el ámbito penitenciario, el decreto establece restricciones a las visitas en cárceles, la ejecución de operativos para incautar celulares y otros objetos prohibidos, así como el desmontaje de antenas de telecomunicación clandestinas. También se contempla el monitoreo de establecimientos penitenciarios mediante drones y el traslado de internos considerados de alto riesgo.
Para la coordinación de las acciones, el Ejecutivo crea el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que estará liderado por la Policía Nacional e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras entidades. Este comando definirá estrategias, operativos y metas para reducir los índices delictivos.
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El decreto dispone, además, la conformación de comités de inteligencia, fiscalización, comunicación y coordinación distrital, que operarán de manera permanente y con información de carácter reservado. Estas instancias estarán encargadas de articular acciones multisectoriales, implementar sistemas de videovigilancia y optimizar el uso de información para la lucha contra el crimen.
Entre otras medidas, se ordena intensificar el control migratorio para la expulsión de extranjeros involucrados en delitos, reforzar la fiscalización de mercados ilegales —como el de armas, drogas y celulares robados— y promover el uso de plataformas digitales para denuncias ciudadanas. También se refuerza el sistema de recompensas para capturar a delincuentes buscados.
El Ejecutivo señala que todas las intervenciones deberán realizarse respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, con especial atención a la protección de mujeres y poblaciones vulnerables. Asimismo, se prevé la participación activa de gobiernos regionales y locales, que deberán facilitar infraestructura, logística y personal para las operaciones.
Finalmente, el decreto establece que el Comando Operativo presentará informes periódicos sobre los resultados de la medida, con el objetivo de evaluar su impacto en la reducción de la criminalidad y la recuperación del orden interno en la capital y el primer puerto.
