
El Pleno del Congreso aprobó este jueves el dictamen del Proyecto de Ley 13047/2025-CR, que modifica el sistema de control de licencias de conducir por puntos y abre la puerta a que miles de choferes suspendidos puedan reducir sus sanciones y reinsertarse en el transporte formal.
La iniciativa fue aprobada con 87 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, y plantea cambios a la Ley 29365 y a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
La principal novedad del dictamen es que los conductores que acumulen 100 puntos y reciban una primera suspensión podrán reducir el castigo —hasta un mínimo de un mes— siempre que cumplan ciertos requisitos: aprobar evaluaciones psicológicas, exámenes de manejo y conocimiento, pagar sus multas y no haber cometido infracciones consideradas de grave riesgo, como conducir en estado de ebriedad o realizar maniobras temerarias. “Esto permite evitar un incentivo negativo y garantiza que la reducción esté vinculada a un proceso real de rehabilitación”, enfatizó el presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori Celis.
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Durante su intervención, el congresista defendió la propuesta señalando que el sistema actual “ha terminado expulsando a conductores del sistema incluso en casos donde era posible corregir su conducta”.
Durante la sustentación del dictamen, el parlamentario indicó que más de 48,000 licencias han sido suspendidas o canceladas por acumulación de puntos, situación que —según sostuvo— ha generado un déficit superior a 26,000 conductores profesionales para cubrir la demanda del transporte terrestre en el país.
¿Conductores ebrios se beneficiarán?
El debate en torno al proyecto giró justamente sobre si la norma flexibiliza las sanciones para conductores peligrosos. El dictamen precisa que los beneficios no alcanzarán a quienes hayan incurrido en faltas vinculadas a conducción en estado de ebriedad o conductas temerarias.
Además, se mantiene el esquema de sanciones progresivas: a los 100 puntos se aplicará una suspensión de seis meses la primera vez, de 12 meses la segunda y la cancelación definitiva en una tercera reincidencia.
Sin embargo, el proyecto sí introduce un enfoque más correctivo y educativo. Por ejemplo, los puntos podrán eliminarse luego de dos años y los conductores tendrán la posibilidad de recuperar puntaje mediante cursos de seguridad vial y capacitaciones continuas.

Nuevo esquema de infracciones
El texto aprobado también reorganiza la escala de infracciones de tránsito bajo criterios de proporcionalidad:
- Infracciones leves: entre 1 y 10 puntos.
- Graves: entre 11 y 30 puntos.
- Muy graves: entre 31 y 70 puntos.
Asimismo, la ejecución de la sanción será automática únicamente cuando la infracción quede firme en la vía administrativa, buscando garantizar el debido procedimiento.
El proyecto también incorpora herramientas tecnológicas para la fiscalización y control vial. Entre ellas, la interoperabilidad del sistema de puntos con el Registro Nacional de Sanciones y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, así como el uso de sistemas inteligentes de tránsito para detectar infracciones y monitorear el flujo vehicular.
Déficit de choferes y presión del sector
La Comisión de Transportes argumentó que el endurecimiento del sistema de puntos terminó agravando la escasez de conductores profesionales, especialmente en transporte de carga y pasajeros.
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Según el dictamen, la falta de choferes ha incrementado la informalidad y generado sobrecarga laboral para quienes aún conservan sus licencias. Incluso se advierte que algunas empresas recurren a personal no habilitado para cubrir rutas.
El texto también señala que la crisis de inseguridad y la migración de conductores al extranjero profundizaron el problema en el sector transporte.
La propuesta recibió opinión técnica favorable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aunque con observaciones, según lo expuesto durante el debate parlamentario.







