Sí, el Perú puede generar empleo formal, pero requiere que la formalidad sea sostenible para empresas y trabajadores. De acuerdo con el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Panorama laboral de América Latina y el Caribe” en el 2025 aumentó la ocupación, la desocupación regional cayó de 5.8 % a 5.3 % y la informalidad se redujo. Sin embargo, cerca de la mitad de las personas ocupadas continúa trabajando informalmente. A ello se suman el bajo crecimiento de la productividad, las brechas de género y las dificultades de inserción juvenil.
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Nuestro país enfrenta un escenario complejo. Las proyecciones para 2026 anticipan una desaceleración: Cepal estima un crecimiento de 3.2 %, el FMI de 2.8 % y el Banco Mundial de 2.7 %. Entre el primer trimestre del 2025 y el mismo periodo del 2026, la participación laboral cayó de 70.5 % a 69.1 % y la ocupación de 66.7 % a 65.6 %. La reducción del desempleo, de 5.5 % a 5.1 %, refleja entonces en parte, según OIT, una menor presión de la oferta laboral.
Uno de los temas prioritarios en la agenda de este gobierno es la reducción de la informalidad y por ende la generación de empleo formal. Para ello no existe una fórmula mágica.
El principal problema nacional sigue siendo la informalidad. En el 2025 alcanzó al 69.8 % de los ocupados peruanos, muy por encima del promedio de 47.4 % registrado en quince países latinoamericanos. Solo Bolivia y Ecuador presentan tasas superiores. Añade la OIT que formalizarse no garantiza permanecer formal: cerca del 73 % de las microempresas peruanas que ingresan a la formalidad retorna a la informalidad dentro de los cinco años siguientes. Cifra preocupante.
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A lo señalado debe añadirse la alta informalidad en el sector juvenil. Según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) elaborada por el INEI, en el segundo trimestre del 2026 la población menor de 25 años presentó una disminución de 3.0% (-73 000 personas). La informalidad juvenil supera el 80%, mientras que el desempleo juvenil se estima en 9% aproximadamente. Lo señalado confirma que la informalidad impacta significativamente al sector juvenil, y ello genera el incremento de los NINIS (jóvenes que no estudian ni trabajan).
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Uno de los temas prioritarios en la agenda de este gobierno es la reducción de la informalidad y por ende la generación de empleo formal. Para ello no existe una fórmula mágica, pero debe partirse por elaborar un diagnóstico real de la situación del país para luego formular medidas realistas e integrales (o integradas como lo afirma la OIT), partiendo de la base de que los costos laborales no son los responsables de la informalidad pues sí así fuera, las normas que regulan a las mypes y que contemplan un régimen laboral con un costo entre el 15% y 20% (frente al 45%-50% del régimen general) hubieran sido la solución a este problema, cuando no ha sido así.
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La OIT recomienda la ejecución de un enfoque integrado, es decir, reconocer la heterogeneidad de la informalidad, atender incentivos, cumplimiento, productividad, protección social y desarrollo productivo; incorporar al diálogo social, simplificar trámites y vincular la formalización a beneficios concretos, para evitar la “puerta giratoria” (formalización temporal y retorno a la informalidad), así como aumentar los beneficios de formalizarse como mejor acceso al crédito y financiamiento de segundo piso, acceso a programas públicos, servicios digitales y financieros. Elevar la productividad como vía de formalización, no concentrarse solo en microempresas de subsistencia, identificar barreras específicas de las mujeres.
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Respecto a los jóvenes, se sugiere articular educación y trabajo, ampliar la formación dual y el aprendizaje en el lugar de trabajo; incentivar contratación formal y primera experiencia laboral; fortalecer competencias digitales y socioemocionales.
También se plantea abordar a trabajadores informales en empresas formales: personal o parte de las remuneraciones fuera de planilla, etcétera.
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Corresponde también reflexionar sobre la inspección laboral. La inspección debe ser proactiva y no reactiva, comprender a los empleadores informales y, como lo afirma la OIT, progresiva, focalizada, asesorada y proporcional. Para ello debe fortalecerse a la Sunafil, dotarle más presupuesto para que mejore su infraestructura, aumente el número de inspectores y se capacite adecuadamente a quienes vienen laborando a la fecha.
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Este anhelo resulta contradictorio con lo que viene sucediendo pues en julio de este año venció el plazo fijado en la Ley 30814 para que Sunafil fiscalice a las microempresas (1-10 trabajadores para dicho efecto), por lo que la competencia retorna al MTPE y a los gobiernos regionales, lo que generará inseguridad jurídica ya que existe un alto riesgo de decisiones distintas dependiendo de la región donde ocurra la fiscalización. Ello debilita a Sunafil por lo que urge que se traspasen las competencias nuevamente, y en nuestra opinión, de manera definitiva.
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El reto no consiste únicamente en perseguir la informalidad, sino en crear condiciones que permitan a empresas y trabajadores mantenerse dentro de la formalidad.
César Puntriano es socio del Estudio Muñiz.
