
La Policía Internacional (Interpol) comunicó al Poder Judicial que retiró de su base de datos la orden de ubicación y captura internacional contra Vladimir Cerrón, quien es investigado por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre entre 2008 y 2021.
La comunicación fue remitida al despacho del juez Leodan Cristóbal Ayala, encargado del control de la investigación preparatoria que sigue la Fiscalía contra Cerrón por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, en agravio del Estado.
A través de una resolución emitida el 10 de agosto, el magistrado dispuso tener presente la comunicación de Interpol y ponerla en conocimiento de las partes procesales que participan en el proceso.
La decisión se produce luego de que el Tribunal Constitucional anulara la prisión preventiva de 24 meses que se había impuesto contra Cerrón. El TC determinó que dicha medida no estaba debidamente motivada y que las circunstancias que la sustentaban habían variado, por lo que ya no se encontraba objetivamente justificada.
Tras acatar el fallo constitucional, el juez Cristóbal Ayala sustituyó la prisión preventiva por comparecencia con restricciones durante un año, 11 meses y 7 días.

Cerrón apela cambio de medida
En la misma resolución, el juez concedió el recurso de apelación presentado por la defensa de Vladimir Cerrón contra la decisión que modificó su situación jurídica.
El magistrado determinó que el recurso cumplía con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal y dispuso remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional.
Si la sala admite a trámite la apelación, deberá convocar a una audiencia virtual con participación de las partes procesales para evaluar el recurso y emitir una decisión.
Las reglas que deberá cumplir
Mientras se mantenga la comparecencia con restricciones, Cerrón deberá cumplir una serie de reglas de conducta. Entre ellas, no podrá ausentarse de su domicilio en Lima sin autorización judicial y tendrá prohibido salir del país durante un año, 11 meses y 7 días.
Además, deberá presentarse cada 30 días ante la Fiscalía para firmar el cuaderno de control presencial y entregar un informe sobre las actividades más relevantes que realice durante ese periodo.
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También deberá acudir ante las autoridades fiscal y judicial cuando sea citado y pagar una caución económica de S/30,000.
En caso de haber cumplido previamente con el pago de la caución inicial de S/20,000, deberá abonar los S/10,000 restantes dentro del plazo establecido.
El juez advirtió que el incumplimiento de estas reglas podría ocasionar la revocatoria de la comparecencia con restricciones y la imposición de una medida más grave, conforme al Código Procesal Penal.







