La inteligencia artificial se ha convertido, más allá de la innovación, en un asunto de riesgo regulatorio en el Perú. Con la vigencia del DS 115-2025-PCM, reglamento de la Ley N° 31814, las empresas que desarrollan, implementan u operan sistemas de IA en el país tienen obligaciones concretas de documentación, transparencia, evaluación de impacto y supervisión humana, especialmente en usos de riesgo alto.
El incumplimiento puede derivar en un régimen sancionador que incluye multas de hasta S/ 535,000, suspensión de operaciones de IA y responsabilidad administrativa e incluso penal para directivos.aigovernance+1
Los sectores con mayor exposición son aquellos donde la IA incide en decisiones que afectan derechos, acceso a servicios o seguridad de las personas. Ejemplos claros incluyen:
- Finanzas y fintech: sistemas de scoring crediticio, evaluación de riesgo, detección de fraude con impacto en acceso a crédito, aprobación de préstamos y límites de tarjetas.
- Salud: herramientas de apoyo al diagnóstico, priorización de pacientes, triaje automatizado y recomendación de tratamientos.
- Educación: plataformas de evaluación automatizada, admisión y seguimiento de estudiantes, sistemas de proctoring y clasificación de desempeño.
- RR. HH.: procesos de selección, evaluación y despido de trabajadores mediados por algoritmos, incluyendo filtrado de CV’s y ranking de candidatos.
- Infraestructura crítica: gestión de activos en energía, agua, transporte, telecomunicaciones y banca, donde una falla puede poner en riesgo vidas humanas o la seguridad nacional
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¿Qué multas pueden enfrentar las empresas?
El DS 115-2025-PCM establece un sistema de supervisión indirecta: la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) no sanciona directamente, pero puede derivar casos a autoridades con potestad sancionadora.
- ANPDP (Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales): aplica la Ley 29733, con multas de hasta 100 UIT (S/ 535,000) por infracciones muy graves, como omisión de medidas de seguridad en datos sensibles. Infracciones leves se sancionan con multas de hasta 5 UIT (S/ 26,750).
- Indecopi: en casos de afectación a consumidores o competencia desleal, puede imponer multas y órdenes de cese.
- SBS, SMV, DIGEMID: para sectores regulados (financiero, valores, farmacéutico), pueden imponer sanciones adicionales según sus regímenes específicos.
- Contraloría General de la República: para el sector público, puede iniciar acciones contra funcionarios responsables.
- Policía Nacional del Perú (Ciberdelincuencia): si el uso de IA constituye un delito informático.
Además de las multas económicas, las empresas pueden enfrentar suspensión de operaciones de IA (cese inmediato si hay riesgo de daño irreversible), daño reputacional severo, y responsabilidad civil y penal si el uso negligente resulta en daños personales o patrimoniales.
Las empresas afectadas pueden acudir a la Policía Nacional del Perú (Ciberdelincuencia): si el uso de IA constituye un delito informático. (Fotocomposición: Joel Vilcaloma)
La ventana de oportunidad
Frente a este escenario, ya existen plataformas que ayudan a las empresas a tener todo en orden y evitar sanciones. AI Compliance ofrece una solución práctica para evaluar riesgos, documentar sistemas, gestionar controles y mantener evidencia continua de cumplimiento del reglamento de IA en Perú. La plataforma permite a las organizaciones identificar qué sistemas califican como de riesgo alto, qué controles deben implementar y cómo mantener trazabilidad para auditorías.
Para directivos y equipos de operaciones, datos y compliance, esta puede ser la diferencia entre un despliegue responsable y un problema regulatorio costoso. Con plazos que ya están corriendo y multas que pueden superar el medio millón de soles, la gobernanza de IA dejó de ser opcional.
