A pocos días de las elecciones municipales, los candidatos a la alcaldía de Lima han puesto sobre la mesa una larga lista de propuestas. Seguridad ciudadana, transporte y grandes obras concentran buena parte de ellas. Y si algo dejaron los debates es una aparente obsesión compartida: cámaras e inteligencia artificial parecen haberse convertido en la solución para casi todo. Pero antes de contar cámaras o megaproyectos habría que formular tres preguntas básicas: ¿puede hacerlos un alcalde?, ¿cuánto cuestan? y ¿cómo se financiarán?
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En seguridad abundan las propuestas. Carlos Bruce plantea crear una Policía Municipal; Francis Allison, atacar los mercados donde se venden bienes robados y ofrecer recompensas por información sobre sicarios; Daniel Urresti propone equipos Terna y megacomplejos policiales; y Rafael López Aliaga ofrece destinar más de S/100 millones a inteligencia municipal.
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El problema es que varias de estas medidas requieren coordinación con la Policía, cambios legales o decisiones del Gobierno Nacional. Bruce, por ejemplo, reconoce que su Policía Municipal necesitaría una ley. Identificar correctamente un problema no basta. Un plan municipal debería explicar también qué puede ejecutar directamente el alcalde y qué depende de terceros.
En transporte sucede algo parecido. Se ofrecen corredores, buses eléctricos, teleféricos, trenes, túneles y nuevas vías. También se propone eliminar o modificar la ATU y devolver competencias a la Municipalidad de Lima. Otra vez, la pregunta no debería ser cuál proyecto resulta más atractivo, sino cuál tiene estudios, recursos y competencias que permitan convertirlo en realidad.
Y está el dinero. Este aspecto resulta especialmente importante después de la gestión de López Aliaga. Al cierre del 2025, el Saldo de Deuda Total de la Municipalidad de Lima alcanzó los S/ 5,045 millones, equivalente al 347.6% de sus ingresos corrientes promedio, según el Consejo Fiscal. Entre el 2028 y el 2035, el servicio de esa deuda superaría los S/ 500 millones anuales. El próximo alcalde no comenzará con una hoja financiera saludable.
El dato importa también porque López Aliaga vuelve a postular (como candidato a primer regidor) y ofrece nuevas inversiones y obras. Pero vale para todos: prometer infraestructura o tecnología sin explicar cómo se pagará es insuficiente, especialmente en una municipalidad cuyo margen financiero para las próximas administraciones ya está parcialmente comprometido.
Lima no necesita una competencia por ver quién ofrece más cámaras, trenes, policías o megaproyectos. Necesita propuestas que respondan a sus problemas, pero también que sean legal, técnica y financieramente ejecutables. En estos últimos días de campaña, ese debería ser un criterio fundamental para examinar a los candidatos: no solo qué prometen hacer, sino cómo pretenden hacerlo.
