La solicitud del Ejecutivo de delegación de facultades legislativas sería rechazada, según se conoció del predictamen de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que se sometería a discusión.
Este grupo de trabajo ha convocado a sesión no ordinaria para este martes 29 y miércoles 30 de septiembre. El punto de reunión es continuar con el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno.
“Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores recomienda la no aprobación y envío al archivo de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, RU 10832- CR”, se lee como conclusión del documento de más de 200 páginas.
- LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori: “Esperamos las facultades legislativas, pero nosotros seguimos avanzando”
La presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores es Giannina Avendaño Vilca, legisladora por Juntos Por el Perú (JPP).
El proyecto presentado por el Ejecutivo contempla 66 medidas agrupadas en ocho ámbitos. Estos son: seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes), promoción del empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, régimen tributario, reforma y modernización del Estado, y vivienda y saneamiento, referidos a acelerar proyectos de infraestructura social.
La Comisión de Constitución es la encargada oficialmente de dictaminar si se aprueba o no la delegación de facultades. Sin embargo, el documento fue extendido a otras 12 comisiones para conocer sus opiniones no vinculantes.
Este lunes por la tarde, en el marco del anuncio del sueldo mínimo, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, valoró el consenso logrado para dicho ajuste e indicó esperar que “el Poder Legislativo pueda tomarlo en cuenta y que se logre también uno para aprobar el pedido de facultades”.
La diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) fue elegida presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. (Foto: Congreso)
Desde Renovación Popular, su vocera Roxana Rocha señaló que presentarán un dictamen en minoría sobre el proyecto de facultades legislativas, toda vez que la Comisión de Constitución emita un informe negativo.
Al parecer de su grupo parlamentario, 40 de las 66 propuestas presentadas por el Ejecutivo pueden quedar en el dictamen final, pero acotadas y delimitadas. Consideró que se trata de puntos urgentes y necesarios para dar impulso a la gobernabilidad.
Tras conocer la predisposición de Avendaño, al mando de la Comisión de Constitución; Miguel Torres (Fuerza Popular), presidente del Senado y del Congreso de la República, exhortó a que se no se rechace en su totalidad el pedido de facultades solicitado.
“Durante 30 días dijeron que el pedido de facultades era demasiado amplio y debía concentrarse en seguridad y fenómeno de El Niño. Entonces correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo. Mañana, la Comisión de Constitución tiene que mostrar prudencia y responsabilidad. Rechazar incluso lo urgente sería darle la espalda al país”, escribió en redes sociales.
- LEA TAMBIÉN: Gestionando el Estado sin facultades delegadas
Las opiniones en economía y seguridad
Sobre las medidas para fortalecer los mecanismos de formalización voluntaria de las mypes, la observación de la Cámara de Diputados se centra en la ausencia de especificaciones que, de hecho, se replica en otros puntos.
“Esta carece de la especificidad que exige la Constitución, en la medida que no señala de manera clara la normatividad que será derogada o modificada para fortalecer los mecanismos de formalización voluntaria de las mypes”, se lee.
En el caso de la iniciativa de modificar los feriados laborales, cuestionaron que “no se indica en qué se sentido” se ajustarían. “Si estos van a aumentar, van a reducirse o van a moverse”, mencionaron.
En el caso de la iniciativa de modificar los feriados laborales, cuestionaron que “no se indica en qué se sentido” se ajustarían.
Sobre la modificación del marco normativo en materia de procedimientos administrativos general, anotaron que el apartado “es amplio, si no vago, expresado en verbos genéricos como ‘optimizar’ o ‘fortalecer’, de los cuales no se colige exactamente lo que se quiere modificar”.
Ante la idea del Ejecutivo de actualizar la normativa minera para brindar seguridad jurídica requerida que active inversiones privadas, refiriéndose a las concesiones y otros, consideraron que el articulado “no identifica la normativa a modificar y contiene una fórmula genérica respecto a la necesidad de actualizar la normativa”.
Respecto a la intención de eliminar la ley que establece topes a las tasas de interés, también indicaron que “no resulta viable”.
“La eliminación de los topes de interés debe ser examinada integralmente por el Congreso. Si la eliminación completa del régimen requerirá posteriormente una intervención legislativa adicional, resulta razonable preguntarse por qué fragmentar la reforma mediante legislación delegada en lugar de tramitar una propuesta específica que permita evaluar el régimen en su conjunto”, subrayaron.
Acerca del fortalecimiento del sistema administrativo de gestión de recursos humanos y su rectoría, señalaron que la expresión “fortalecer” es “amplia sino más bien vaga”. “Puede significar muchas cosas; capacitar a los servidores públicos, incrementar o reducir su número según se crea, crear nuevas instancias, poner controles en la selección de servidores, etc”, concluyeron.
También se rechazaron las propuestas para legislar ante la inseguridad. | Foto: Andina
En materia de seguridad, donde el Ejecutivo busca legislar en materia migratoria y de nacionalidad, la comisión considera que “no hay una relación de causalidad entre el incremento de la población extranjera y el aumento de la población penitenciaria”.
También sobre ajustes al marco normativo en materia de rastreo, localización, geolocalización, control, registro, entre otros; se indica que la propuesta no detalla ni las normas, ni los artículos que requieren modificación, “sino que se limita a presentar una fórmula general referida a modificar el marco normativo”.
En el caso de la iniciativa para declarar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, plantearon que “el delito va perdiendo contenido semántico y se crean condiciones discursivas para el truqueo de todas las situaciones”.
