La prohibición constitucional de la reelección inmediata de alcaldes ha encontrado una vulnerabilidad que varios políticos están dispuestos a explotar. A poco más de un mes de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, autoridades impedidas de reelegirse ensayaron una fórmula ya conocida para permanecer en el cargo: postular como primeros regidores y dejar abierta la posibilidad de asumir luego la alcaldía.
No son casos aislados. Un análisis del Instituto Aklla Perú identificó a 135 alcaldes elegidos en el 2022 que ahora postulan como primeros regidores. RPP encontró, además, 62 casos en los que el candidato a alcalde de esas listas había renunciado. En diez de ellos, quien desistió era familiar del burgomaestre —hermano, padre, hija o sobrino—. Son los llamados intentos de “reelección encubierta”.
La maniobra aprovecha una combinación normativa. La Constitución señala que “no hay reelección inmediata para los alcaldes”. Sin embargo, un alcalde puede postular como regidor y la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el primer regidor hábil reemplaza al alcalde.
El JNE ya ha enfrentado parte del problema. En el caso de Pontó (Áncash), permitió que el alcalde Percy Villanera continuara como candidato a primer regidor. Una cosa es evaluar ahora una candidatura a regidor y otra determinar, después de los comicios, quién puede ser proclamado alcalde. Allí podría estar una salida: impedir que, al entregar las credenciales, un alcalde en funciones obtenga en los hechos aquello que la Constitución le prohíbe. También sería factible que el JNE se pronuncie antes del día de las elecciones. Ya se conoce lo poco predecibles que son los procesos electorales en el país.
Sin embargo, que esta discusión continúe abierta a estas alturas evidencia una falla. Las autoridades electorales debieron anticipar una maniobra previsible y establecer oportunamente reglas. A semanas de votar, el ciudadano debería saber quién gobernará si triunfa una lista cuyo candidato a alcalde renunció, no esperar una interpretación posterior.
La incertidumbre resulta especialmente inoportuna. Las autoridades elegidas asumirán en enero, precisamente cuando el país afrontará una amenaza extraordinaria: la de El Niño Costero. La transición y el inicio de las nuevas gestiones coincidirán así con un periodo crítico para la prevención y respuesta ante emergencias. Estas elecciones subnacionales son particularmente cruciales.
La prohibición de la reelección puede discutirse, pero mientras forme parte de la Constitución debe cumplirse. Postular a otro cargo para obtener indirectamente el resultado que aquella impide es intentar burlar su finalidad.
El JNE deberá aclarar las zonas grises que aún pueda. Pero, ante lo que las autoridades hicieron o dejaron de hacer, la última barrera son los electores. Si algunos políticos pretenden sacarle la vuelta a la ley, corresponde a los ciudadanos sancionarlos con su voto.
