Cerca de 800,000 argentinos se han adherido a una demanda colectiva que se presentará en breve contra la reforma de la ley de protección de los glaciares, que busca permitir millonarios proyectos mineros en áreas cercanas a los campos de hielo, lo que anticipa una nueva batalla legal en defensa del agua.
El Congreso de Argentina aprobó el jueves último, por impulso del Gobierno del ultraliberal Javier Milei, una modificación a la ley de glaciares de 2010 y ese mismo día la provincia de La Pampa (centro), que se sirve de las aguas de un río que nace en zona de glaciares, presentó en tribunales federales el primer amparo colectivo contra la reforma.
En paralelo, varias organizaciones ambientalistas preparan otra acción judicial contra el cambio normativo y abrieron la demanda a la firma de los ciudadanos que quieran adherirse: 790,000 personas ya se han unido.
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“Estamos preparando una demanda muy sólida y ya hay miles de personas que adhirieron. Se avecina un proceso judicial que puede durar muchos años”, avizoraron las organizaciones.
Irán a instancias internacionales
“Además, estamos dispuestos a acudir a estrados internacionales. Esta causa es crucial: es el agua de los argentinos”, dijo EFE Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que lidera la demanda junto a organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La acción promovida por La Pampa y la demanda colectiva que se presentará plantean que la reforma es inconstitucional porque viola el artículo 41 sobre derechos ambientales de la Constitución argentina y contradice varios tratados internacionales firmados por Argentina, también con rango constitucional.
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La ley de glaciares de 2010, pionera en Latinoamérica, establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
Eran zonas protegidas
Mediante su reciente reforma, se otorga a las provincias con glaciares dentro de su territorio la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.
Glaciares de la Antártida aumentan ritmo de descongelamiento. (Foto: EFE)
Hasta ahora, estaba prohibida toda actividad en aquellas áreas que hubieran sido incorporadas al inventario nacional de formaciones glaciales.
El Gobierno de Milei ha alegado que esta reforma era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país.
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Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen “reservas estratégicas de recursos hídricos” a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares “sin función hídrica relevante”.
Inversiones por US$40,000 millones
Según fuentes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras consultadas por EFE, la entrada en vigencia de la reforma podría poner en marcha inversiones por 40,000 millones de dólares.
Esto incluye proyectos de cobre de gran envergadura en áreas de alta montaña, pero también iniciativas para explotar oro y plata.
Los envíos de cobre y sus manufacturas suman US$ 910 millones a Estados Unidos. (Fuente: EFE)
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Según Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos de la FARN, la reforma no solo beneficiará a los proyectos futuros sino también, “en forma retroactiva”, a aquellos que ya operan en áreas de glaciares incumpliendo la ley de 2010.“
La demanda global de cobre es creciente, en un contexto geopolítico que obliga a diversificar los proveedores. Las minas de cobre de Chile empiezan a llegar al fin de su ciclo y crece el interés internacional por Argentina como nuevo proveedor.
“Esto aumentó la presión para modificar la ley de glaciares y habilitar nuevos proyectos”, señaló Gómez a EFE.
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Antecedente legal
La batalla judicial en ciernes tiene un antecedente de peso: en 2019 la Corte Suprema argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una demanda contra aquella norma iniciada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan (oeste).
En aquella sentencia, el Supremo reafirmó que los glaciares y el ambienteperiglacialson bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.
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Es un antecedente importante. Pero estamos en un escenario diferente. Hay una conformación de la Corte distinta.
“Por otra parte, no podemos ser ajenos a la existencia de presiones geopolíticas para el avance de los proyectos mineros. Además, está primando una mirada extremadamente economicista, sin poner el foco en que lo que está en riesgo es el acceso al agua para millones de personas”, advirtió Gómez.
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