El presidente centroderechista de Bolivia Rodrigo Paz anunció que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, bastión político del exmandatario Evo Morales, donde los seguidores del líder izquierdista impiden la ejecución de una orden de captura en su contra.
Paz acaba de superar la crisis política más grave de su corta gestión iniciada en noviembre pasado. Durante siete semanas, indígenas, obreros y cocaleros manifestaron y bloquearon carreteras para exigir su renuncia por la crisis económica.
“Vamos a recuperar cada territorio que hoy día no nos pertenece”, declaró este miércoles Paz, durante un aniversario de la policía. “Algunos creen que no es territorio boliviano que es territorio de algunas organizaciones”, añadió en referencia a la región cocalera del Chapare, según aclaró posteriormente la Presidencia.
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Aseguró además que “todo volverá a la patria”. “Aquí no hay dueños, ni de territorios, ni de sectores”, sostuvo, en declaraciones recogidas por la agencia AFP.
La autoridad decretó el sábado un estado de excepción que permitió el levantamiento de los bloqueos. Su gobierno ha señalado al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de promover las protestas y financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin dar pruebas.
El exjefe de Estado se encuentra en el poblado cocalero de Lauca Eñe, en el centro del país, desde fines de 2024, cuando la justicia emitió una orden de captura en su contra por un caso de trata de menor que él niega.
Evo Morales anticipó el martes, en una entrevista con la AFP, que si el gobierno intervenía la región, “aquí va a haber problemas, estamos bien organizados”. Aseguró además que sus partidarios “se van a defender”.
El expresidente sostiene que el actual gobierno, “con toda esta política neoliberal y estado colonial, está forzando que haya una guerra civil”.
El Ejecutivo no adelantó fecha para una eventual intervención en el Chapare.
Ingreso al Chapare
Bloomberg informó el lunes que las fuerzas de seguridad bolivianas se preparaban para ingresar a la región del Chapare, donde el expresidente Evo Morales permanece atrincherado desde octubre de 2024, protegido por miles de seguidores mientras evade su arresto y alienta más de 50 días de bloqueos de carreteras que han afectado a la economía.
Ubicada en el centro de Bolivia, en el trópico de Cochabamba, la región del Chapare es conocida por la producción de hoja de coca y ha estado históricamente asociada a laboratorios de procesamiento de cocaína. En los últimos años, las operaciones policiales y militares en la zona han enfrentado una fuerte resistencia de organizaciones de productores de coca lideradas por Morales.
“Nos vamos a centrar, con el ministro de Defensa, el Alto Mando Militar y Alto Mando Policial, para planificar el ingreso al trópico de Cochabamba”, declaró el lunes el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, a la emisora Unitel.
Maquinaria pesada retira escombros de un punto de bloqueo, tras la declaración del estado de emergencia, en El Alto, Bolivia, el 20 de junio.
Se cree que Morales permanece en un complejo perteneciente a una emisora local de radio en la localidad de Lauca Ñ, donde sus seguidores han instalado campamentos y barreras defensivas para impedir que las autoridades ejecuten órdenes de arresto en su contra por cargos que incluyen trata de personas y abuso sexual de menores.
Hasta el lunes quedaban solo nueve bloqueos activos, frente a más de 100 en el momento de mayor intensidad de las protestas. Era el tercer día desde que el gobierno declaró estado de emergencia, que permite a las fuerzas militares despejar manifestaciones y restringe temporalmente algunos derechos individuales.
Las protestas comenzaron a principios de mayo y fueron organizadas por la central obrera nacional, la federación campesina Tupac Katari de La Paz y seguidores de Morales en Chapare. Las demandas iniciales se centraban en aumentos salariales, la calidad de los combustibles y la derogación de una ley de administración de tierras. Posteriormente, el movimiento evolucionó hacia una única exigencia: la renuncia del presidente Rodrigo Paz, apenas seis meses después de asumir el cargo.
Los prolongados bloqueos interrumpieron el suministro de alimentos, medicamentos y combustibles hacia las ciudades de La Paz y El Alto, provocando aumentos de precios y escasez de bienes, y contribuyendo a más de una decena de muertes debido a que pacientes no pudieron llegar a hospitales. Las protestas también generaron filas de varios kilómetros en estaciones de servicio, donde los conductores esperaban durante días para cargar combustible.
En medio de la crisis, el gobierno de Paz recibió ayuda humanitaria y respaldo político de otros países latinoamericanos, incluida una declaración emitida el 5 de junio por Estados Unidos y aliados regionales que denunciaba los “intentos de hacer retroceder a Bolivia mediante falsos bloqueos de carreteras”.
Después de que Paz rechazara dimitir, la central obrera nacional firmó un acuerdo con el gobierno el viernes, pocas horas antes de la declaración del estado de emergencia. La federación Tupac Katari también suspendió sus protestas.
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Sin embargo, los seguidores de Morales prometieron continuar con las manifestaciones y desafiaron al gobierno a ingresar al Chapare. Se espera que más tarde el lunes se celebre una nueva reunión para evaluar los próximos pasos del movimiento. La mayoría de los bloqueos que siguen activos se encuentra en esa región.
Las fuerzas de seguridad han encontrado poca resistencia al despejar carreteras en otras partes del país. A medida que avanzaban las unidades policiales y militares, hallaron puntos de bloqueo abandonados construidos con piedras, troncos y ramas, además de puestos policiales dañados, pero pocos manifestantes, pese a que anteriormente algunos grupos habían exhibido resistencia armada.
Elaborado con información de AFP y Bloomberg
