El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la Ley de Regulación de Estados de Excepción, una norma que busca establecer las condiciones para la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de protestas y bloqueos de carreteras que se desarrollan desde hace más de seis semanas en distintas regiones del país.
Durante un acto realizado en La Paz, acompañado por ministros de Estado y altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, Paz calificó la promulgación como un momento trascendental para el país y sostuvo que la medida permitirá garantizar la protección de la población frente a lo que describió como acciones impulsadas por el “narcoterrorismo”.
“Así como cayó Marset, sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y las leyes”, afirmó el mandatario en referencia a Sebastián Marset, capturado y extraditado a Estados Unidos en marzo pasado.
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La entrada en vigor de la ley no supone de manera inmediata la declaración de un estado de excepción, ya que para ello se requiere la emisión de un decreto específico. No obstante, Paz indicó que las autoridades ya cuentan con un plan de actuación coordinado entre la Policía y las Fuerzas Armadas, a cuyos integrantes pidió actuar con “profesionalidad” y “firmeza”.
El jefe de Estado también aseguró que su administración mantendrá el rumbo de gobierno hasta 2030 y advirtió que Bolivia enfrenta una amenaza derivada de grupos vinculados al narcotráfico. En ese contexto, defendió la nueva legislación como una herramienta para preservar el orden y la seguridad.
Asimismo, responsabilizó al expresidente Evo Morales de promover la radicalización de las protestas desde la región del Chapare, tras los enfrentamientos registrados el fin de semana entre manifestantes y efectivos policiales.
Siete meses de gestión marcados por la conflictividad
Paz cumple siete meses en la Presidencia en medio de una creciente presión de organizaciones sociales que mantienen bloqueos y movilizaciones para exigir su salida del poder. Los dirigentes han advertido que intensificarán las protestas y descartan cualquier posibilidad de diálogo con el Ejecutivo.
Entre los principales actores de las movilizaciones figuran la Federación de Campesinos Tupac Katari y la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones que sostienen que el Gobierno ha excluido a sectores que respaldaron la candidatura de Paz en las elecciones de 2025.
Los manifestantes también expresan preocupación por las reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo para atraer inversiones en sectores estratégicos como hidrocarburos, energía y recursos evaporíticos. Según los dirigentes, estas medidas podrían derivar en procesos de privatización y aumentos en las tarifas de servicios básicos, una acusación que el Gobierno rechaza.
La crisis política ha tenido además repercusiones dentro del gabinete. En las últimas semanas renunciaron los ministros de Trabajo, Educación y Defensa. Esta última cartera quedó a cargo de Ernesto Justiniano, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como responsable de la lucha antidrogas en el país.
Las movilizaciones impulsadas por organizaciones campesinas y sindicales mantienen bloqueadas varias carreteras de Bolivia y han agravado la tensión política y económica en el país. Foto: EFE.
Persisten los bloqueos y aumentan las tensiones
El Ejecutivo realizó en mayo dos operativos conjuntos entre policías y militares para habilitar corredores humanitarios destinados al transporte de alimentos y suministros hacia el occidente boliviano. Sin embargo, ambas intervenciones derivaron en enfrentamientos y disturbios.
Una situación similar se registró el sábado en el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, donde un intento de desbloqueo dejó seis policías heridos, cuatro de ellos por impactos de bala, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a retirarse de la zona.
De acuerdo con los reportes oficiales, la crisis ha provocado al menos diez fallecidos. Siete de ellos habrían perdido la vida al no recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos, mientras que otras tres muertes ocurrieron en el contexto de las protestas. Entre estas figura la de un hombre que recibió un disparo durante una operación de desbloqueo, un hecho que continúa bajo investigación.
La prolongación del conflicto también ha profundizado la crisis económica que atraviesa Bolivia desde 2023. Según estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias, las pérdidas acumuladas por los bloqueos superan los US$ 2,100 millones.
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Central Obrera denuncia detenciones arbitrarias
Por otro lado, la Central Obrera Boliviana denunció la detención de cinco dirigentes sindicales, a quienes considera víctimas de una intervención irregular por parte de agentes de seguridad.
En un comunicado, la organización afirmó que los sindicalistas fueron interceptados el domingo por individuos encapuchados, vestidos de civil y armados, mientras circulaban en un vehículo particular. Según la versión de la COB, los detenidos fueron reducidos mediante el uso de gas lacrimógeno y trasladados sin que se les exhibiera una orden de aprehensión.
La organización calificó el hecho como un “secuestro” y denunció que los dirigentes permanecen retenidos en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) sin que exista, según sostienen, un informe policial que justifique legalmente la intervención.
Con información de EFE.
