Bolivia dio un nuevo paso para enfrentar la ola de protestas que mantiene bloqueadas decenas de carreteras desde hace más de cinco semanas. El Congreso autorizó al presidente Rodrigo Paz a recurrir a las Fuerzas Armadas para despejar las vías tomadas por manifestantes, en medio de una crisis que ha provocado escasez de alimentos, combustibles y medicinas en varias regiones del país.
La Cámara de Diputados aprobó la norma durante una sesión que se extendió por 15 horas y concluyó en la madrugada del domingo. El proyecto ya había sido avalado previamente por el Senado y fue remitido al Ejecutivo para su promulgación.
Las movilizaciones son encabezadas por campesinos, mineros, transportistas y otros sectores que inicialmente reclamaban mejoras económicas y demandas sociales, pero que con el paso de las semanas han endurecido su postura hasta exigir la renuncia del mandatario.
Agentes de policía se enfrentan a manifestantes antigubernamentales durante una operación para despejar un bloqueo de carretera en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026. (Rodrigo URZAGASTI / AFP)
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Gobierno evalúa declarar el estado de excepción
La aprobación de la ley coincide con la posibilidad de que el Ejecutivo declare el estado de excepción, una medida que permitiría ampliar el uso de las Fuerzas Armadas y restringir libertades de reunión y movilización.
Hasta ahora, la participación militar en los operativos ha sido limitada, mientras que la policía antimotines ha liderado las acciones para despejar algunas rutas.
Los bloqueos afectan al menos 80 puntos del país y han golpeado especialmente a La Paz y El Alto, donde se registra escasez de productos básicos y combustibles. La situación también impacta a regiones como Cochabamba, Oruro y Potosí.
El sábado, enfrentamientos entre policías y manifestantes en la localidad de San Julián, en la región de Santa Cruz, dejaron heridos entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a policías y civiles durante un operativo para despejar un bloqueo vial en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026. (Foto de Rodrigo Urzagasti / AFP).
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Ley otorga respaldo legal a militares
Uno de los aspectos más debatidos de la norma establece que los militares que participen en operativos durante un eventual estado de excepción gozarán de “presunción de legalidad”, mientras que el Estado asumirá su defensa jurídica.
Para el oficialismo, la medida busca brindar respaldo a policías y militares que intervengan en escenarios de conflicto y reducir el temor a eventuales procesos judiciales por el uso de la fuerza.
“Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, afirmó el diputado oficialista Carlos Alarcón.
El debate estuvo marcado por los antecedentes de 2019 y 2020, cuando varios mandos militares vinculados al gobierno transitorio de Jeanine Áñez fueron procesados por hechos ocurridos durante los enfrentamientos posteriores a la salida del poder de Evo Morales.
Persisten el desabastecimiento y las tensiones políticas
Pese a los llamados al diálogo formulados por Paz desde que asumió el cargo hace seis meses, las principales organizaciones que lideran las protestas no han aceptado negociar con el gobierno.
A través de la red social X, el mandatario reconoció que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles”, aunque aseguró que empiezan a registrarse algunos avances en la distribución de combustibles.
Sin embargo, continúan las largas filas en estaciones de servicio, donde conductores esperan durante horas e incluso días para acceder a gasolina y diésel.
El gobierno boliviano atribuye parte de las protestas al expresidente Evo Morales, quien rechaza las acusaciones. El exmandatario permanece en la región cocalera del Chapare mientras enfrenta una orden de captura por un caso de trata de menor, denuncia que niega.
