
La suspensión fue comunicada por el vicepresidente y titular del Legislativo, Edmand Lara, quien participa en la mediación junto con parlamentarios, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos. Según explicó la Vicepresidencia, la decisión busca generar las condiciones necesarias para asegurar una participación amplia y efectiva de todos los actores convocados.

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El principal factor detrás del aplazamiento fue la falta de definición de la Central Obrera Boliviana (COB), que no pudo realizar el sábado la reunión prevista para decidir si se sumaría a la negociación. Los sindicatos campesinos de La Paz también anunciaron que evaluarían su asistencia durante esta jornada.
Pese al retraso, los mediadores reafirmaron su disposición de continuar promoviendo espacios de concertación. En un comunicado, insistieron en que el diálogo representa la principal herramienta para contribuir a la pacificación del país y atender las demandas sociales que originaron la crisis.
La convocatoria incluía al presidente Rodrigo Paz, la COB, la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’, la Federación Departamental de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y otras organizaciones involucradas en las protestas que se mantienen desde inicios de mayo.
Las movilizaciones están lideradas por la COB, sectores campesinos y grupos afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Paz por un supuesto incumplimiento de promesas gubernamentales y por presuntos planes de privatización de empresas y servicios públicos, acusaciones rechazadas por las autoridades.
La tensión política se profundizó tras las investigaciones iniciadas contra dirigentes sindicales, entre ellos el líder de la COB, Mario Argollo, acusados de terrorismo e instigación pública a delinquir luego de protestas que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y saqueos en La Paz. Los sindicatos habían condicionado su participación en el diálogo a la anulación de las órdenes de captura contra sus representantes, decisión que finalmente fue adoptada el viernes por un juzgado paceño.
Mientras continúa la incertidumbre sobre la instalación de la mesa de negociación, los efectos de los bloqueos se hacen cada vez más visibles. La Paz y la ciudad vecina de El Alto son las zonas más afectadas por los cortes de carreteras iniciados el 6 de mayo, situación que ha provocado problemas de abastecimiento de alimentos, incremento de precios y escasez de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.
Las protestas también se han extendido a Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, ampliando el impacto de la crisis. En paralelo, los sectores más radicales vinculados a Morales mantienen su rechazo a cualquier negociación e insisten en la renuncia del mandatario, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.
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Elaborado con información de EFE







