La ola de protestas en Bolivia está frenando los planes del nuevo gobierno de usar capital extranjero para acceder a la vasta riqueza mineral del país.
El presidente Rodrigo Paz considera que atraer inversión de otros países a los sectores de hidrocarburos, litio, estaño, zinc, plata y oro es clave para transformar la economía más pobre de Sudamérica. Pero, siete meses después del inicio de su gobierno, su incapacidad para contener las protestas sociales pone en riesgo esa apuesta.
“Hay mercados que no quieren cerrar contratos con nosotros por la inestabilidad política del país, por la imagen que damos de incumplimiento”, dijo Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores.
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La sorpresiva victoria de Paz el año pasado lo convirtió en el primer candidato promercado en décadas en ganar una elección en la nación andina. Pero sectores que apoyaron su candidatura presidencial le retiraron pronto su respaldo en los primeros meses de su mandato de cinco años, lo que plantea dudas sobre si su ambiciosa agenda de reformas podrá dar resultados.
Los bloqueos de carreteras han aislado a la capital administrativa de La Paz y han provocado escasez de alimentos, medicinas y combustible. Aunque el daño económico directo es considerable, la crisis también debilita la imagen positiva que el gobierno de Paz intentaba presentar a los inversionistas: la de un país reabierto a los negocios tras dos décadas de mala gestión socialista.
La Central Obrera Boliviana y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari están entre los grupos que retiraron su apoyo al gobierno y organizaron los bloqueos. Entre otros reclamos, expresaron su molestia por haber sido excluidos del proceso de toma de decisiones.
Vehículos haciendo fila para repostar cerca de una gasolinera en La Paz el 3 de junio.
El daño a la imagen de Bolivia también afecta los planes para promover el turismo, según Rolando Kempff, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz.
Paz dijo a Bloomberg la semana pasada que su gobierno enviaría pronto al Congreso un paquete de proyectos de ley para impulsar la inversión en hidrocarburos, litio y otros sectores mineros. Pero, aunque los inversionistas probablemente reciban con agrado una menor carga tributaria y regulatoria, la posibilidad de nuevos episodios de conflictividad social podría asustarlos.
Los manifestantes exigen la renuncia de Paz, pero él dijo que no tiene planes de hacerlo y que terminará su mandato como líder de un país abierto a la inversión extranjera y con instituciones más sólidas.
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“De aquí a cinco años cuando finalicemos la gestión Bolivia será un país avanzado sobe las bases de una modernidad necesaria en nuevas instituciones, una lucha frontal contra la corrupción, un déficit fiscal controlado, una opción clara de crecimiento de una economía abierta, con leyes claras”, dijo en una entrevista con Wall Street Week de Bloomberg Television.
Paz afirmó que la crisis actual definirá si Bolivia adopta un nuevo estilo de gobierno o vuelve al control de los grupos que dominaron el país durante gran parte de las últimas dos décadas.
Pese a los riesgos de protestas y las tensiones entre distintas comunidades, algunos inversionistas todavía ven al país como un destino atractivo.
Rodrigo Paz durante una entrevista con Bloomberg Television en La Paz en mayo.
“Es increíble desde la perspectiva de las materias primas, y es difícil no verlo como un lugar donde es muy fácil ganar dinero”, dijo Hans Humes, presidente y director ejecutivo de Greylock Capital, en una entrevista con Wall Street Week. “El problema son las tensiones étnicas que siempre han existido y el hecho de que hay una tradición de salir a las calles, con frecuentes cambios de gobierno. Como estamos viendo ahora, es bastante fácil asfixiar la economía”.
Humes dijo que el país sigue ofreciendo una buena relación entre riesgo y retorno, mientras que la historia macroeconómica sigue siendo positiva.
Bolivia volvió recientemente a los mercados internacionales de capital tras una ausencia de cuatro años, con una emisión de US$ 1,000 millones en bonos soberanos, y negocia un programa de US$ 3,000 millones con el FMI.
