
Durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y de Alan García (2006-2011), el Perú creció cerca de su nivel potencial, con tasas del PBI de entre 6% y 7% anual. En esa década, el 27% de los peruanos logró salir de la línea de pobreza. El principal motor detrás de este avance fue la inversión privada, que mantuvo un crecimiento promedio de 9.5% anual, favorecida por el auge en los precios de las materias primas.
¿Qué ocurrió tras estos dos gobiernos para que el crecimiento se redujera a niveles de entre 2% y 3%, acompañado de un estancamiento de la inversión privada?
La respuesta se encuentra en la mala gestión del gobierno de Ollanta Humala, periodo en el que cambió la retórica frente a la minería, principal dinamizador de la inversión en el país. La propuesta de impuestos a las sobreganancias mineras y otras iniciativas generaron una profunda desconfianza en el sector. Si bien Humala mantuvo la estabilidad macroeconómica, no calibró adecuadamente la realidad del mercado y, al igual que ocurrió durante los gobiernos militares del pasado, adoptó una postura hostil frente a los inversionistas internacionales justo cuando los precios de los metales empezaban a descender. Esa combinación —precios a la baja y un entorno político poco amigable— resultó letal para las inversiones de largo plazo.
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Como efecto secundario de esa mala gestión, los conflictos socioambientales se volvieron recurrentes, destacando casos como Conga, en Cajamarca, y Tía María, en Arequipa. Estos conflictos paralizaron la ejecución de nuevos proyectos mineros esenciales para sostener la inercia del crecimiento.

Ese menor crecimiento empezó en el 2013 y persistió por casi una década. Durante los sucesivos gobiernos, entre el 2016 y el 2024 —con la pandemia del 2020 de por medio—, la inversión privada careció de un crecimiento real y, con ello, el dinamismo económico se desvaneció.
Esta tendencia empezó a revertirse a partir del 2024 con la puesta en marcha del Puerto de Chancay, devolviendo parte del optimismo al país. Empresarios de toda escala, respaldados por los altos precios de los minerales, han logrado sobreponerse a la inoperancia del Estado, impulsando un crecimiento de la inversión privada del 10% en el 2025. Sectores como la agroexportación y la construcción han vuelto a consolidarse.

Hoy, en el 2026, nos encontramos ante una situación similar a la del inicio del gobierno de Humala: crecimiento del PBI de entre 3% y 4%, inversión privada en doble dígito y precios de materias primas en niveles históricamente altos.
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Para recuperar la década perdida (2013-2023), es imperativo seguir impulsando la inversión en la gran minería, agroexportación y construcción. El próximo gobierno debe comprender que la inversión privada necesita acompañamiento y promoción. Las retóricas populistas, que suelen aparecer al final de los ciclos de bonanza, solo terminan socavando la confianza y ahuyentando el capital, hundiendo al país.
El siguiente gobierno heredará un país en su mejor momento macroeconómico de los últimos diez años. Es fundamental no crear incertidumbre, preservar la estabilidad y avanzar de la mano del sector privado, el único motor capaz de erradicar la pobreza en el Perú.
*Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

CEO y Fundador Allié Family Office. Past President CFA Society Peru. Licenciado en Ciencias Económicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un grado de MBA en Administración de Empresas por la Universidad de Texas en Austin.








