El Gobierno peruano aprobó un nuevo apoyo a Petroperú. Las autoridades vinculadas al sector han insistido que no se trata de otro “rescate”, con inyección directa de recursos públicos, sino de una línea de financiamiento -hasta por US$ 2,000 millones- que se pagaría recién en unos años. Sin embargo, la garantía que debe otorgar el Estado es lo que genera dudas.
Aunque el Poder Ejecutivo asegura que el crédito será devuelto en el año 7 sin afectar el tesoro público, los especialistas muestran dudas. Para el extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Carlos Herrera Descalzi, la sostenibilidad de este plan depende de una separación crítica entre los gastos operativos y la deuda histórica que mantiene la empresa.
En primer lugar, explicó que, en condiciones normales, la refinería podría generar una utilidad operativa de aproximadamente US$ 10 por barril. Sin embargo, hoy la guerra en Irán ha elevado ese margen a US$ 40. Si la refinería procesa cerca de 100,000 barriles diarios con estos márgenes altos, podría generar flujos de hasta US$ 1,400 millones al año.
De esa manera, el experto consideró que el nuevo crédito de US$ 2,000 millones podría pagarse en el plazo previsto si se destina exclusivamente a la compra de crudo para operar y no se utiliza para cubrir la deuda de inversión de la Refinería de Talara, que asciende los US$ 6,000 millones.
Pese a un mayor margen de refinación, con el tipo de gestión que ha tenido la empresa estatal, no existe seguridad de que se pueda mejorar la situación en los próximos años, indicó el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla.
“Hay cuestionamientos respecto a que los ingresos que vaya a generar la empresa no sean suficientes como para ponerla ‘en azul’. Todas las cifras muestran que no ha habido ningún avance, pese al potencial de mayor ingreso por refino y otras actividades […] No hay [garantía de que esta situación pueda mejorar en 7 años] y menos si uno toma en cuenta el factor político”, indicó.
El Gobierno anunció que se habilita una línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones para Petroperú provenientes de la banca internacional bajo un esquema de compromiso contingente.
¿Fue la mejor decisión?
El extitular del MEF, David Tuesta coincidió en que, bajo las condiciones actuales, la petrolera no tiene ninguna posibilidad de ser solvente. Por ello, advirtió que el DU abre la puerta a garantizar el financiamiento de una empresa con pérdidas estructurales, convirtiéndose en un “camuflaje” para un nuevo salvataje financiero.
“Es una estructura financiera que básicamente serviría para camuflar un salvataje. Al final ese confía en que el Tesoro Público, el Estado peruano, va a pagar por esta empresa que no la salva nadie, que no tiene gobernanza y cuyos directores hoy son más políticos. Es una Sociedad de Propósito Especial (SPV, por sus siglas en inglés) rarísima”, sostuvo.
Tuesta advierte que el riesgo termina recayendo sobre todos los peruanos. Está situación afecta directamente la credibilidad macroeconómica del país y reduce el margen de maniobra para otras necesidades sociales prioritarias.
Castilla coincidió en que, aunque el fideicomiso y la estructura financiera permiten delimitar mejor el uso de los recursos y evitar que la deuda se contabilice como una obligación soberana directa, el riesgo final sigue recayendo sobre el Estado.
“Han tratado de precisar la responsabilidad creando ese instrumento y separando contablemente la deuda pública, pero la realidad es que eso no asegura que Petroperú tenga capacidad de pago”, señaló.
Además, cuestionó que no se hayan implementado reformas de fondo dentro de la empresa, pese a las exigencias planteadas en anteriores rescates financieros.
Por su lado, aunque consideró que no se debió llegar a este punto, Herrera Descalzi señaló que, con la situación actual, al Estado no le quedó otro remedio que apoyar este crédito. De no concretarse este financiamiento, el impacto sería crítico para las zonas más vulnerables del país.
Según recordó, Petroperú tiene una participación de hasta el 85% en el suministro de combustible a la selva y la sierra, por lo que la falta de suministro provocaría graves problemas sociales e inflación en las zonas más pobres.
Pero, indicó que sí se pudieron hacer otros ajustes en el DU, pues consideró que se está dando cada vez menos peso al Minem en estas decisiones teniendo en cuenta que el fideicomiso de estos fondos será administrado por ProInversión, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Petroperú tiene una participación de hasta el 85% en el suministro de combustible a la selva y la sierra. Foto: Andina
¿Cuáles son los planes de los candidatos para Petroperú?
Estas medidas para mantener operativo a Petroperú se dan en medio de un probable escenario de segunda vuelta entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Ambos candidatos muestran posiciones opuestas en sus planes de gobierno.
Para Fuerza Popular, la petrolera estatal es financieramente inviable, por lo que su propuesta busca una optimización operativa en la que la empresa estatal se concentre exclusivamente en las actividades de refinamiento y distribución. Adicionalmente se plantea la venta de activos que no sean estratégicos para reducir pasivos y mejorar el flujo de caja.
Esta posición no ha cambiado teniendo en cuenta las recientes declaraciones de Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y miembro de Fuerza Popular, quien cuestionó el DU que le dará acceso a financiamiento a la petrolera.
“Desde hace muchos años se viene financiando un barril sin fondo que no tiene sentido (...) Lamentablemente en los últimos tiempos lo que hemos visto es una serie de manera de disfrazar la entrega de recursos del Estado a esta empresa. Se edulcora, se le ponen maquillaje y finalmente se le termina entregando dinero”, dijo.
Entre sus propuestas relacionadas con Petroperú, el plan de Fujimori también propone separar al Oleoducto Norperuano de la estructura operativa de Petroperú para que sea gestionado por un operador especializado bajo un esquema de administración de activos que garantice su mantenimiento y seguridad ambiental.
La propuesta de Juntos por el Perú es opuesta. Aunque el partido de Sánchez no menciona expresamente a Petroperú propone que el Estado se reserve la gestión directa de los recursos energéticos y estratégicos, como el petróleo y el gas.
Asimismo, afirman que las empresas públicas -como Petroperú- podrían ser la base del despegue peruano, siguiendo modelos de países como China o Vietnam.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
