
El sector minero peruano sufrió, recientemente, un duro revés en su panorama estimado para este año. El proyecto Zafranal, ubicado en Arequipa, ya no iniciará su construcción en este 2026, como estaba programado.
Su operador, la canadiense Teck Resources, informó que esto responde a una priorización dentro de sus cartera inversiones, puntualmente, de Quebrada Blanca, en Chile, también proyecto de cobre. Así, Zafranal entró a fase de “preservación de activos”, con fecha incierta del levantamiento de la postergación.
Según la última actualización de la cartera de proyectos de inversión minera, se esperaba que el proyecto Zafranal despliegue inversiones por un total de US$ 1,900 millones entre el 2025 y 2028. El inicio de operaciones se estimaba para el 2029, con una producción anual de 76,000 toneladas de cobre y 29,000 onzas de oro, aproximadamente.
Costos perdidos tras pausa de Zafranal
El impacto de la postergación de este gran proyecto minero, el más importante del país solo por detrás de Tía María, va más allá de la región de Arequipa, su zona directa de influencia: su alcance es nacional y con implicancias directas en diversos sectores económicos por su característica de encadenamientos.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), con la operación de Zafranal, la producción de cobre arequipeña aumentaría en cerca de 20%, la cual ascendió a 411,682 toneladas durante el 2025 y representó el 66% de la producción minera regional.
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Incluso, junto con otros tres proyectos en cartera (Tía María, Optimización Cerro Verde y Pampa de Pongo), la región tenía el potencial de incrementar su producción de cobre en hasta 64% hacia el 2029.
Así la situación, el instituto calculó que, de no ponerse en marcha dicho proyecto en 2029 y asumiendo el avance del resto de proyectos en cartera, la producción de cobre de Arequipa ya no aumentaría en un 64%, sino solo en 44% frente a los niveles del 2025.
El costo económico de esta postergación para Arequipa se estima en una pérdida de, al menos, seis puntos porcentuales de crecimiento acumulado entre 2026 y 2029, lo que considera todo su proceso de construcción e inicio de operaciones.
Con su proceso de construcción hasta el 2028, se esperaba que el proyecto genere 3,921 empleos directos e indirectos, mientras que desde su operación generaría 1,305 empleos directos e indirectos.
A esto se suma que, según estimaciones del IPE, los encadenamientos que genera la minería con otros sectores y su impacto en los ingresos contribuirían a la generación de un total de alrededor de 7,000 empleos durante la operación del proyecto (3% del empleo formal privado en Arequipa).

Para el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Carlos Fernández, esta decisión resulta una sorpresa, pues el proyecto se consideraba estratégico para el crecimiento económico de la región.
De hecho, indicó que, en los últimos meses, Zafranal ya venía generando un importante dinamismo económico en su área de influencia, impulsando el empleo y la demanda de bienes y servicios.
“Es innegable que el movimiento económico en Arequipa disminuirá algunos puntos, especialmente, en sectores vinculados a servicios, transporte y proveedores”, anotó.
En esta línea, Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas de IPE, indicó que otro de los costos de la postergación de Zafranal es que se frena la articulación con demás proyectos claves para la macrorregión sur, como los de electricidad y, a su vez, con impacto en el sector gasífero.
“El desarrollo de este tipo de proyectos se articula y agrega otros proyectos claves para la región sur, pues en medida que hay más proyectos mineros de cobre, al tener mayor producción, se requiere de más energía. Ahí aparece el Nodo Energético del Sur y el Gasoducto Sur Andino”, detalló.
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El alcance del impacto es en la ejecución de infraestructura, en general. “También se articulaba con el puerto de Corío y su impulso. Hablamos de infraestructura para conectividad de gran escala que iba a dinamizar la economía del sur, más allá de Arequipa”, sostuvo.
Fuentes agregó que otro factor perdido que aparece es la demanda de demás servicios que no terminará requiriéndose. Precisamente, indicó que uno de los temas que más se reclama alrededor de la minería es la diversificación productiva, pero ahora se golpea directamente a los clústeres.
“Cuando tienes estos ecosistema más grandes, desarrollándose, se tiene un impacto muy alto en empleo, uno especializado, pero que demanda otros sectores. Entonces, que no salga Zafranal, que demore, tiene un fuerte costo social”, refirió.
Pérdidas del atractivo minero del Perú
La decisión de postergación de Zafranal, a decir de Fuentes, también sería una muestra del deterioro de la imagen del Perú como destino de inversión. Esto, aún cuando se tiene una coyuntura con una alta demanda de minerales críticos, como el cobre, por el avance de la Inteligencia Artificial (IA), entre otros.
“El desarrollo de la oferta de estos minerales críticos tiene espacios de competencia bastante elevados. Al final, lo que no se desarrolla en el Perú se hará en otro país y ahí aparecen Chile, Australia, Canadá y República del Congo. Es un mercado de capitales altamente competitivos”, comentó.
Precisamente, Fernández, del gremio arequipeño, aunque lamentó la decisión de Teck, indicó que “es entendible desde la lógica empresarial que se prioricen proyectos más avanzados, como el de Chile, donde existen condiciones más favorables para la inversión”.

Un aspecto al que apuntó Fernández fue a la sobrerregulación que hay en el sector. “En el Perú, existen múltiples trabas que afectan el desarrollo de proyectos. Estas condiciones generan retrasos y decisiones como la de Zafranal, que terminan postergando inversiones clave”, sostuvo.
De ahí que resaltó la necesidad de generar condiciones adecuadas para atraer y retener inversiones, no solo para la minería, sino para todos los sectores productivos. “Necesitamos un gobierno con estabilidad política y políticas promotoras de la inversión que brinden confianza a los inversionistas”, apuntó.
En este contexto, Fuentes subrayó que debe trabajarse en mejorar la competitividad minera del país, compuesta por factores como la tramitología y más.
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“Nuestra tramitología termina siendo menos favorable que en otros países, aún cuando se tienen ventajas comparativas, como en términos geológicos, de protección de la inversión privada según la Constitución. Pero termina pesando más que se suman la conflictividad social y más recientemente la minería ilegal”, señaló.
A esto agregó que perjudican los intentos de modificaciones del régimen minero que terminan siendo evidentemente adversos para la inversión minera, como la propuesta desde el Congreso de reducir el plazo de las concesiones mineras. “Con estas cosas, la predictibilidad y los factores geológicos dejan de ser suficientemente atractivos”, puntualizó.

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.








