
El Instituto Peruano de Economía (IPE) llevó a cabo el seminario virtual “Petroperú después de las elecciones: Hoja de ruta para no retroceder”, en el que se aborda la situación de esa empresa y las alternativas para lograr su reorganización.
En el evento el IPE presentó lo que considera una hoja de ruta para sostener una reforma integral de la petrolera posterior a la culminación del proceso electoral y de cara al inicio de un nuevo gobierno.
El seminario contó con la participación de Diego Macera, director del IPE; Anthony Laub, Exsecretario general del Ministerio de Energía y Minas (Minem); y Arturo Vásquez, Exviceministro de Energía y socio de GERENS.
Los especialistas coincidieron en la urgencia de articular esta hoja de ruta que permita a la empresa abordar sus debilidades operativas, financieras e institucionales.
Ello -señalan- deberá darse sobre la base de los lineamientos que establece el DU N° 010-2025, el cual habilita el inicio de un proceso de reorganización de Petroperú.
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Situación de la empresa
Diego Macera refirió que, a la fecha, Petroperú representa un negocio en situación de pérdida, y que los rescates estatales que recibió distorsionan la lectura sobre su estado: sin ese respaldo, la empresa habría acumulado 13 años consecutivos en negativo.

Junto a la incapacidad para generar flujos de caja positivos, la creciente deuda financiera -refirió- configura un perfil de insolvencia, y donde su deuda se multiplicó diez veces desde 2013, cuando se autorizó recursos para la Nueva Refinería de Talara, cuyo costo final (US$6,530 millones) resultó cuatro veces mayor respecto a su estimado original.
A dichos problemas operativos y financieros, Macera detalló que se le adiciona un panorama institucional aún más grave, dado que, entre 2021 y 2026, Petroperú tuvo 10 gerentes generales y 13 presidentes de directorio, con una duración promedio de apenas 3 meses.
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Petroperú pasó a ser un tema fiscal
Ello -aseveró Macera- demuestra que las decisiones recientes han estado condicionadas a cambios en el ámbito político, y remarcó que, “sin predictibilidad en la gobernanza, no habrá ningún avance”.
En consecuencia, Macera señaló que “Petroperú pasó se ser un tema energético a ser un tema fiscal”, y que la ausencia de una reforma representó un alto costo.

El IPE estima que, desde 2013, el Estado dedicó S/32,100 millones en apoyos financieros a la empresa, lo cual equivale a más de 296 Colegios de Alto Rendimiento (COAR), o cerca de 33 hospitales de alta complejidad o, incluso, 30 veces el presupuesto anual del Programa Juntos.
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En este contexto, Macera enfatizó que el DU N° 010-2025 habilita un primer paso para reorganizar la empresa dadas sus limitaciones.
Ello -subrayó- hace evidente la necesidad de una hoja de ruta integral que aborde las diversas problemáticas presentes en los ámbitos operativos, financieros y de gobernanza. “Ello deberá ocurrir en un entorno propicio para impulsar nuevas inversiones en el sector hidrocarburos”, apuntó.
Urgencia de reforma integral
Anthony Laub destacó el gran costo de oportunidad de rescatar Petroperú, mencionando recursos que hubieran servido para proyectos de agua y saneamiento en regiones con mayores brechas.
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El experto también consideró que el fideicomiso establecido en el Decreto de Urgencia N° 003-2026 es incompleto, porque solo funciona sobre el monto de las nuevas garantías financieras otorgadas.
“Hubiese sido ideal que el fideicomiso se establezca sobre toda la caja de la empresa”, señaló, y advirtió que las medidas recientes han permitido aliviar los problemas inmediatos de liquidez, pero no resolverían problemas estructurales de gobernanza, eficiencia operativa y capacidad de generar flujos sostenibles a largo plazo.
Se le dificultaría atender deudas
Por su parte, Arturo Vasquez enfatizó que cualquier proceso de reestructuración requiere definir con claridad cuál será el rol de la empresa, lo que deberá ser establecido a través de una norma con rango de ley.

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“Tiene que haber un mandato claro de lo que tiene que hacer y no hacer Petroperú”, afirmó. En esa línea, cuestionó que Petroperú esté cumpliendo con un rol subsidiario, cuando la oferta privada logra abastecer al mercado.
Además, advirtió que, si bien la empresa se viene beneficiando del elevado precio del petróleo, esta es una coyuntura temporal, luego de la cual tendrá dificultades para atender sus deudas.
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Hoja de ruta
El IPE publicó su boletín “Discusión de una hoja de ruta para Petroperú”, donde plantea una hoja de ruta con lo que considera son 4 ejes prioritarios para sostener el proceso de reorganización de la empresa en los próximos años.
La propuesta comprende medidas orientadas a estabilizar la empresa en el corto plazo, así como a redefinir su viabilidad y su rol dentro del mercado energético peruano, con los siguientes ejes:
- Asegurar una sólida gobernanza para garantizar la independencia de presiones internas o externas;
- Reorganizar los activos y el patrimonio para garantizar la sostenibilidad del negocio;
- Alcanzar la estabilidad operativa y comercial para contar con predictibilidad de ingresos y gastos; e
- Implementar políticas públicas que permitan dinamizar al sector hidrocarburos a través de la promoción de nuevas inversiones.
El IPE remarca que la situación de Petroperú exige una estrategia de transformación que ordene su rol y elimine su carga sobre las finanzas públicas, y advierte que, volver a postergar la oportunidad de corregir esta situación tiene implicancias directas sobre el desarrollo del país.
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