
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, cuestionó el rol que ha tenido el Congreso de la República en los últimos años, marcados por el impulso de decenas de normas que elevan el gasto corriente, principalmente orientadas a mejoras remunerativas en el Estado.
“Es increíble el daño que ha dejado el Congreso con estas disposiciones por congraciarse con un tema de votos, por las elecciones”, indicó la mañana de este miércoles 22 de julio en entrevista con Exitosa.
Acuña mencionó que la actuación de los legisladores se agrava porque las propuestas avanzaron, pese a que se expuso en detalle las consecuencias negativas de aprobar medidas sin financiamiento. Su impacto va más allá del 2031.
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“Es parte del proceso legislativo [que se deja una bomba de tiempo]. Yo les dije que las normas [aprobadas] estaban dejando problemas serios no necesariamente para la gestión entrante, sino para las otras que después vendrán”, anotó.
El ministro indicó que “el daño está hecho” y que corresponde buscar soluciones para que las respectivas implementaciones se concreten según la capacidad del nuevo Gobierno.
Durante su gestión, que inició a mediados del último marzo, el cumplimiento de lo aprobado por el Congreso se rigió a los criterios de “prioridad” y “progresividad”, contó.
“Es lo que hemos hecho antes las mejoras a los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS). No podemos desordenar la economía”, mencionó. “Las finanzas públicas tienen que volver a estabilizarse”, subrayó.
Acuña apuntó que “va a pasar un buen tiempo para poder cumplir con todas estas” medidas de mejoras remunerativas aprobadas. Anotó que el problema, sin embargo, no nació en los meses recientes, sino en la aprobación del presupuesto público de este año, es decir, entre setiembre y noviembre del 2025.
“El Congreso aprobó gastos fuertes en temas corrientes. Se les avisó. El gasto en planillas, entre activos y pensionistas, creció en casi S/ 9,000 millones y, para cumplirlo, se tuvo que reducir las inversiones [públicas] en casi S/ 6,000 millones”, enfatizó.

Consultado sobre el impacto de la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de prohibirle al Congreso la iniciativa de gasto, consideró que la medida “no es retroactiva” y que tendrá que evaluarse por el Gobierno de Keiko Fujimori.
Agregó que ya se empezó a elaborar el proyecto de presupuesto público que deberá ser remitido al Legislativo a fines de agosto.
“Ya se está trabajando el presupuesto [proyecto para el 2027]. Hay un avance de la parte inicial de discusión y de evaluación de las demandas adicionales para que prioricen [en la siguiente gestión]”, indicó.
Defensa del crédito suplementario
En otro momento, Acuña respaldó la aprobación de un crédito suplementario que bordea los S/ 10,000 millones. “Se aprueba porque la economía lo permite, cuando un país tiene crecimiento, recauda más y conserva la confianza de los inversionistas. Ahí es cuando puede atender necesidades adicionales”, mencionó.
El ministro también destacó que entre las disposiciones aprobadas se autoriza que el Gobierno pueda reorientar recursos para atender el Fenómeno El Niño (FEN) y enfrentar la inseguridad ciudadana. Esto, según las proyecciones que tomen hasta fin de año.
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“Hemos calculado que podrían haber S/ 2,700 millones que pueden darse para esta línea de recursos. A esto se suman otros S/ 300 millones de créditos contingentes que se le permite al Gobierno entrante. Hablamos de S/ 3,000 millones”, anotó.
El objetivo de estos recursos, indicó, es principalmente para inversión destinada a ejecución de proyectos y mantenimientos.

“Se requiere mantenimientos de canales de descolmatación. A esto se suman otros S/ 1,260 millones de endeudamiento también para inversión”, comentó.
Siguiendo esta línea, Acuña descartó “totalmente” que el crédito suplementario genere “efectos sobre las cuentas fiscales”.
“Ya le hemos alcanzado los informes al órgano de control respectivo, hemos señalado que todo está dentro del margen”, subrayó.
Con vista al cambio de Gobierno, valoró que se transfiere la economía con un crecimiento mayor de 3%, según su acumulado anual a mayo, y un déficit fiscal de 1.3% del Producto Bruto Interno (PBI). Este último indicador presenta un escenario positivo, pues el límite de la regla fiscal para este y el siguiente año es de 1.8% y 1.4% del PBI, respectivamente.
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