En las próximas dos semanas, mientras la agenda pública se consume en disputas electorales, más de 8 millones de estudiantes volverán a las aulas. El año pasado, la matrícula para inicial, primaria y secundaria abarcó a 8.3 millones de niños y adolescentes, 75.1% de ellos en colegios públicos.
Hay que recordar que la crisis económica generada por la covid-19 motivó que casi 350,000 familias migraran de escuelas privadas a escuelas públicas. Así, en 2021, la matrícula pública pasó a representar casi el 80% del total.
Sin embargo, esta tendencia se ha ido revirtiendo gradualmente y, para este año, se espera volver a los niveles prepandemia.
Este retorno a clases ocurre en un sistema que continúa arrastrando profundas brechas y cuya capacidad para ofrecer bienestar y aprendizajes de calidad sigue siendo muy limitada.
Infraestructura educativa (sigue) en riesgo
Como se repite desde hace décadas, la infraestructura escolar peruana enfrenta una situación crítica. Según información del propio Ministerio de Educación (Minedu), el 59% de instituciones educativas públicas requiere demolición total o parcial, y en departamentos como Áncash, Cajamarca, Puno y Ucayali el problema supera a 6 de cada 10 locales.
A esto se suma que el 54.8% necesita intervenir servicios higiénicos y que el 50.1% carece de acceso adecuado al agua. En Loreto, esta última cifra asciende a un preocupante 88.6%.
Resolver estos déficits estructurales es indispensable. Pero incluso si mañana se iniciaran todas las obras pendientes, la mejora en los aprendizajes no ocurrirá solo por tener mejores edificios.
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La evidencia internacional muestra que, sin cambios en la práctica pedagógica y sin integrar tecnologías adecuadas, la infraestructura por sí sola no transforma los resultados educativos. Y es aquí donde las propuestas de política, centradas casi exclusivamente en fierro y cemento, se quedan cortas.
Las brechas digitales también siguen siendo profundas. En primaria, apenas el 46.5% de escuelas tiene internet (37.4% públicas versus 80.3% privadas). En secundaria, la cobertura alcanza al 76.2%, pero con grandes diferencias territoriales. En la Amazonía, la misma escuela que no tiene electricidad tampoco puede usar los recursos digitales entregados en años anteriores.
Pero la brecha no es solo de acceso, sino de uso efectivo para el aprendizaje. A nivel nacional, la mayor parte de escuelas públicas conectadas a internet no superan los 10 Mbps por escuela, velocidad insuficiente para el uso pedagógico de plataformas adaptativas o para el trabajo colaborativo en línea. Es decir, aunque las herramientas digitales existen, no son utilizables o no están vinculadas a la práctica pedagógica.
Por otro lado, la evidencia internacional muestra que los docentes son el principal factor que explica las diferencias en los aprendizajes de los estudiantes en las escuelas.
Si bien en el Perú la remuneración mínima por jornada de 30 horas este 2026 será de S/ 3,500, lo que supone un aumento del 40% respecto del 2022, lamentablemente las brechas en competencias digitales, formación continua y acompañamiento pedagógico persisten, más aún en zonas rurales y amazónicas.
Medidas urgentes: ¿cómo reflotar la educación en Perú?
Partiendo de este diagnóstico, y sin restar la urgencia a los déficits estructurales, desde Videnza Instituto, y con el aporte de Carla Gamberini, directora de MásEducación.Pe, se ofrece un conjunto de propuestas que complementen las inversiones en infraestructura con dos palancas capaces de mover resultados en el corto y mediano plazo: transformación digital y fortalecimiento docente.
- Refuerzo intensivo en territorios vulnerables
La estrategia incluye remediación en lectura y matemática, tutorías presenciales o mediadas por tecnología, así como un Sistema de Detección Temprana del riesgo educativo. Todo esto requiere infraestructura básica funcional, pero permite recuperar aprendizajes mientras se avanza en cerrar esa brecha física.
- Docentes con capacidades para liderar la transformación digital
Se propone un esquema escalonado: diagnóstico de competencias, rutas formativas diferenciadas (40–60 horas), acompañamiento en aula, comunidades de aprendizaje y uso pedagógico de IA educativa que pueda operar con datos limitados. El objetivo no es “enseñar tecnología”, sino usar tecnología para enseñar mejor, bajo estándares nacionales y con liderazgo directivo.
- Conectividad significativa y tecnología útil para el aprendizaje
La propuesta plantea establecer parámetros mínimos de conectividad basados en la demanda educativa y tomando como referencia estándares internacionales ampliamente utilizados: velocidades calculadas en función del número de estudiantes y docentes, cobertura wifi en aulas y calidad del servicio.
Se prioriza habilitar la última milla donde ya hay fibra óptica, e implementar opciones inalámbricas o satelitales donde no la hay. Todo lo anterior acompañado de mantenimiento y seguridad para evitar que la escuela vuelva a quedarse desconectada.
Los resultados no cambian sin mejores prácticas pedagógicas
La infraestructura es indispensable, pero no lo suficiente como para mejorar los aprendizajes. Aunque cerrar brechas físicas sigue siendo urgente, la evidencia muestra que los resultados no cambian sin mejores prácticas pedagógicas y sin un uso efectivo de la tecnología.
Desde 2021, la política docente se ha concentrado casi exclusivamente en incrementos salariales, pero no ha mostrado avances equivalentes en formación continua, competencias digitales ni acompañamiento pedagógico. Estas brechas permanecen abiertas y afectan especialmente a zonas rurales y amazónicas.
Con más de 8 millones de estudiantes retornando a un sistema con déficits estructurales, digitales y pedagógicos, el país no puede esperar a que todas las obras concluyan. Es urgente volver a poner en el centro el desarrollo de las capacidades docentes y la tecnología útil para enseñar mejor.
