
Durante la primera mitad del año, más de 111 mil inversiones públicas fueron desactivadas del Banco de Inversiones, pese a que ya había algún nivel de ejecución del presupuesto asignado, revela un estudio del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compartido en exclusiva a Gestión.
Antes de ser “inhabilitadas”, se observa que estos 111,534 proyectos habían acumulado una ejecución de S/ 47 mil millones. Esto, indicó el CPC, muestra que avanzar con los recursos no es suficiente si no permite que las inversiones continúen hasta terminarse y cerrarse formalmente.
Aunque usualmente hay un pequeño grupo que se reactiva, la mayor parte termina siendo presupuesto perdido, indicó Álvaro Cubas, economista del CPC.
“Si el proyecto se desactiva y nunca se retoma, el dinero ejecutado es un costo hundido. Si se avanzó con el expediente de un proyecto que se desactivó, este [documento] ya no sirve para nada, al igual que los gastos de consultoría y de preinversión. Incluso si el proyecto llegó a ejecutar el 10% o 15% en obras, es un costo perdido porque finalmente no se va a materializar el objetivo del bien o servicio público”, comentó a Gestión.

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Cubas precisó que no todas las inversiones desactivadas llegaron a tener un avance físico de obra. La mayor parte habría quedado en etapas previas, como la elaboración del expediente técnico, e incluso existen proyectos que no llegaron a contar con este documento.
De acuerdo con el análisis del CPC, el 72.3% de las inversiones desactivadas son proyectos que no tenían expediente técnico o cuyo último registro de gasto se produjo en el 2015 o antes. Es decir, siete de cada diez inversiones desactivadas no habían avanzado lo suficiente en su preparación o llevaban varios años sin registrar movimiento.

¿Dónde se reportan más obras desactivadas?
Según el CPC, la mayoría de las inversiones desactivadas se encontraban bajo la competencia de los gobiernos locales. Solo los municipios concentraron el 91.6% de estas inversiones con 102,156 proyectos que habían ejecutado S/ 35.1 mil millones.
Cubas precisó que esta concentración a nivel municipal está, en parte, relacionada con la gran cantidad de gobiernos locales que ejecutan inversiones y con el número de proyectos que cada una incorpora a su cartera.
“Las municipalidades, al ser un mayor número de [unidades] ejecutoras, casi 1,900, gestionan más proyectos [...] En cambio, el Gobierno nacional maneja un grupo reducido de proyectos, aunque de mayor envergadura. Algo similar ocurre con los gobiernos regionales”, explicó.
Dentro de los gobiernos locales, la suspensión o anulación de estas obras se observó principalmente en el departamento de Lima, que concentró 11,383 proyectos. Solo en la capital se advierte que la mayor cantidad de inversiones desactivadas se ubicó en la Municipalidad de Ate.
En cuanto a otros departamentos, se observan altos niveles de proyectos desactivados en Áncash, principalmente en la Municipalidad Provincial del Santa; así como en La Libertad, resaltando negativamente la Municipalidad Distrital de Quiruvilca.

Por su lado, los gobiernos regionales concentraron 6,199 inversiones con S/ 6.1 mil millones ejecutados, mientras que el Gobierno nacional gastó S/ 5.9 mil millones en 3,179 proyectos paralizados.
Si se evalúa por funciones, transporte, educación y saneamiento sumaron un total de 53,435 inversiones desactivadas, representando casi la mitad (47.9%) del total. Solo estas inversiones habían acumulado S/ 25.6 mil millones de ejecución, equivalente al 54.5% de todo lo ejecutado por el grupo de proyectos desactivados.

¿Por qué hay tantas inversiones desactivadas?
Si bien el informe indica que la antigüedad y la falta de avance de proyectos ayudan a explicar las desactivaciones, ¿qué llevó a que estos proyectos se estancaran?
Para Cubas, detrás de estas cifras existe un problema de gestión de las inversiones. Durante los últimos años, las entidades, especialmente las municipalidades, han ido incorporando nuevos proyectos a sus carteras, lo que hace más difícil dar continuidad a todos.
“Crear nuevos proyectos no necesariamente soluciona los problemas. Lo que termina pasando es que se dispersa la gestión. Avanzas con un grupo de proyectos, otro se retrasa y otro directamente deja de ejecutarse durante años”, explicó.
En ese contexto, recordó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desactivó inversiones que permanecían activas pero que no registraban avances para evitar que estos proyectos continúen demandando recursos en el futuro.
“Si el proyecto sigue activo, en cualquier momento una municipalidad o un gobierno regional podría decir: necesito presupuesto para este proyecto. Y eso genera una demanda de recursos en sacrificio de otros proyectos más importantes”, indicó.
Para las inversiones que ya se encuentran en etapa de ejecución, se considera la desactivación en proyectos de inversión o una IOARR que todavía tienen una brecha por definir y que no han registrado avances financieros durante los últimos tres años. Si la entidad no decide continuar con la inversión o cerrarla, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del MEF puede proceder con su desactivación.
Aunque retirar estas inversiones del Banco de Inversiones solo evita que sigan generando gasto, el problema estructural aún es la mala gestión. Esta situación, consideró Cubas, puede empeorar con los próximos cambios de alcaldes y gobernadores regionales. “Un nuevo alcalde entra con sus propios proyectos para su gestión de cuatro años y lo del periodo anterior queda de lado”, refirió.
Pocos proyectos cerrados
Además de la desactivación de proyectos, otra de las señales de los problemas de gestión de inversiones es el bajo nivel de cierre. Como se recuerda, una inversión cerrada es aquella cuya ejecución ya terminó ya puede iniciar operaciones.
De los 188,607 proyectos declarados viables entre enero del 2015 y junio del 2026, solo 56,018 habían formalizado su cierre hasta la mitad de año. Es decir, solo el 29.7% logró concluirse.
La diferencia es aún mayor al considerar el tamaño de las inversiones, indica el CPC. Los proyectos cerrados representan apenas 10.8% del costo total de la cartera, equivalente a S/ 121,821 millones de un total de S/ 1,12 billones.
Por otro lado, se tiene un gran grupo de inversiones abandonadas, la cuales todavía aparecen como activos pese a que llevan un periodo prolongado sin registrar ejecución.
Hasta septiembre, el CPC identificó 18,851 inversiones activas en condición de abandono, con S/ 13.6 mil millones de ejecución acumulada. En promedio, estas inversiones llevan unos 40 meses sin ejecución.

¿Qué se puede hacer?
Para el CPC, una de las principales medidas debería ser mejorar la planificación y establecer condiciones para que las entidades puedan incorporar nuevos proyectos y obtener recursos durante el año.
La propuesta no consiste en impedir que se creen nuevas inversiones, sino en evaluar primero cómo está gestionando cada entidad los proyectos que ya tiene.
“Si quieren incorporar proyectos de salud hay que evaluar cómo te ha ido en proyectos de este sector, cuánto se ha ejecutado, qué tanto ha avanzado, cuánto ha cerrado”, planteó Ávaro Cubas.
Asimismo, si una región tiene necesidades más urgentes, por ejemplo, en educación o transporte, la prioridad debería estar en atender esas brechas y avanzar con los proyectos que ya tiene en cartera.
Esto no significaría que todos los proyectos nuevos deban ser descartados, pero si el proyecto ya está cubierto por otra inversión o no representa una prioridad, debería tener un menor peso frente a los proyectos que ya están avanzando.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.







