
La bancada Podemos Perú presentó el proyecto de ley n.º 14541/2025-CR a fin de que se cree el programa ‘Mi primera chamba’, con el cual se busca promover la contratación de mano de obra juvenil en empresas del sector privado. ¿Qué dice la experiencia?
De acuerdo con el texto —que deberá ser debatido en la Comisión de Trabajo del Congreso—, se aplicará un subsidio del 30% de la remuneración bruta mensual de los jóvenes de 18 a 29 años contratados por empresas formales con hasta 100 trabajadores, por un periodo de 6 meses como máximo.
El PL establece que serán prioridad los jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema, así como los afectados por desastres naturales o emergencias, así como mujeres víctimas de toda forma de violencia.
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Este subsidio no afectaría el pago de la remuneración a la que tiene derecho el trabajador a efectos de la declaración, cálculo o pago de beneficios laborales, tributos o aportes previstos en el marco normativo actual.
“El subsidio se otorga mediante un crédito fiscal, aplicable contra el Impuesto a la Renta a cargo del empleador, correspondiente al ejercicio gravable siguiente”, mencionan desde Podemos.

Los riesgos de repetir malas experiencias
Según el abogado laboralista Germán Lora, el mecanismo de financiamiento de ‘Mi primera chamba’ podría repetir problemas de programas anteriores, los cuales se gestaron en pandemia, pero no lograron incrementar la contratación de talento juvenil.
“El mecanismo instaurado en 2024 y 2025 no funcionó. Ese sistema de mayor deducción de gastos o crédito tributario recién se veía a final de año y no generaba un incentivo real para contratar jóvenes”, dijo a Gestión.
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El especialista recordó que durante la vigencia de la Ley de Fomento al Empleo Juvenil se otorgó una deducción adicional de gastos por remuneraciones, pero el impacto fue reducido. “Me pregunto cuánta gente contrató jóvenes bajo ese esquema. Muy poca o casi nadie”, sostuvo.
A su criterio, un sistema más efectivo sería aquel donde el subsidio incida directa e inmediatamente en el ingreso del trabajador o en los costos laborales del empleador, con recursos previamente asignados por el Estado, a través de un fondo exclusivamente para este programa.
En tanto, el laboralista Ricardo Herrera coincidió en que el subsidio parcial a las planillas en pequeñas y medianas empresas “fue una mala experiencia porque a muchas nunca se les pagó el reintegro correspondiente”, sumado a que “el proceso fue muy burocrático”.
Así se encuentra el empleo juvenil
Según cifras del INEI, el empleo juvenil atraviesa un retroceso estructural desde la llegada de la pandemia. Y es que, a pesar de la reactivación con las vacunas, el universo de trabajadores jóvenes decae año a año: de 2 millones 793,700 en 2022 (población ocupada de 14 a 24 años), al cierre del 2025 se contabilizaron 2 millones 409,400.
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En Lima Metropolitana se observó un patrón similar, pero tras el retroceso de años anteriores, entre el último trimestre del 2025 y el primero de este año, el INEI registró un aumento de 4.7% (30,900 puestos). Aun así, la población joven trabajadora está lejos de la mayor de 45 años (4.9% frente a 10.3%).

A ello falta agregar los cerca de 2.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan —coloquialmente conocidos como ‘ninis’—, por lo que Herrera consideró que el problema del desempleo juvenil requiere medidas urgentes.
Herrera dudó de que el Estado tenga la capacidad logística para administrar un programa de subsidios masivos para empresas que contraten jóvenes bajo un nuevo esquema legislativo, y añadió que muchos resultan poco atractivos para el mercado laboral debido a la falta de experiencia y capacitación técnica, especialmente en el caso de quienes pertenecen a los ‘ninis’.
Alternativas para promover el empleo joven
Como alternativa al subsidio estatal directo, plantea medidas orientadas a flexibilizar temporalmente la contratación juvenil. Entre ellas, como permitir contratos temporales para jóvenes de hasta tres años sin restricciones, tomando como referencia modelos aplicados en países como Francia y España, o también aplicar menores costos laborales por encima de subsidios tributarios para que se fomente la captación de talento juvenil.
Lora, por su parte, cuestionó también el criterio de priorización social incluido en el proyecto porque las empresas suelen contratar en función de capacidades técnicas y experiencia “antes que por condiciones económicas de los postulantes”.
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En ese sentido, preferiría que el programa se enfoque principalmente en regiones fuera de Lima, donde la informalidad y el desempleo juvenil presentan mayores niveles —en cifras del INEI, en zonas rurales llega al 94%—.
“Si el Estado quiere beneficiar a 5,000 o 10,000 jóvenes, tiene que saber exactamente cuánto costará y contar con ese dinero desde el inicio. Si no existe presupuesto asegurado, los empleadores no van a confiar en el sistema”, concluyó Lora.

Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.







