
La comisión de inclusión social y personas con discapacidad del Congreso tiene en agenda la exposición de una iniciativa legislativa que busca modificar la ley de cuota de empleo de personas con discapacidad. El proyecto de ley N° 14378 fue presentado por el congresista Valdemar Cerrón, ¿de qué trata?
Actualmente la ley de personas con discapacidad señala que las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal. Y los empleadores privados con más de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 3%.
El proyecto de ley agrega un texto a la obligación en el caso del sector público. “La entidad pública que no cumpla con la cuota de empleo, será bajo responsabilidad exclusiva del titular de la entidad y del jefe de recursos humanos o de quien haga sus veces”, subraya el proyecto de ley.
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Con ello se busca forzar el cumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad, pues de lo contrario los altos funcionarios de las entidades públicas serían demandados, indicaron analistas consultados.
No obstante, se mostraron contrarios a la propuesta pues advierten que no existe una cantidad suficiente de personal discapacitado calificado, por lo que forzar su contratación reduciría la calidad del servicio público que se brinda.
“El proyecto plantea que el Estado cumpla con la cuota de empleo, sí o sí. El problema está en que no se cuenta con suficiente personal con discapacidad que cumplan con los perfiles técnicos o profesionales para los puestos ofrecidos. El Perú cuenta con 2.5 millones de discapacitados, de los cuales 1.4 millones no han ido a secundaria”, señaló Ricardo Herrera, abogado laboralista del estudio Muñiz.
“Si ese proyecto se convierte en ley, el Estado tendría que contratar a discapacitados incapaces, en términos laborales, lo cual atentaría contra uno de los principios fundamentales de la ley Servir, que es la meritocracia. Se generaría una pérdida de la calidad del servicio público”, subrayó Herrera, quien advirtió que si bien la medida está referida solo al sector público, de convertirse en ley ello podría incentivar la presentación de un futuro proyecto dirigido al sector privado.
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Por su parte el abogado laboralista Martín Ruggiero refirió que si bien se saluda la intención de generar herramientas para la inclusión de personas con discapacidad en las planillas, el “mecanismo de coerción” propuesto no es el adecuado.
“¿El ministro tendría que asumir responsabilidad directa por que el ministerio que lidera no cumple con la cuota de discapacidad? Considero que no. Sería una medida desproporcionada y poco razonable”, remarcó Ruggiero.
Ricardo Herrera explicó que actualmente, para el caso del sector privado, que es fiscalizado por Sunafil, no se requiere que obligatoriamente exista una cuota de 3% de personal con discapacidad, sino que las empresas demuestren que buscan este objetivo, en la medida de que encuentren o no un personal discapacitado calificado.
“Sunafil cuando va a fiscalizar encuentra que las empresas no pueden cumplir con la cuota pues no hay personal discapacitado calificado para cumplir con el puesto. Entonces, lo que Sunafil exige no es el cumplimiento de la cuota, sino que la empresa demuestre que ha hecho todos los esfuerzos por cumplir con la cuota. Y lo demuestra con ofertas de empleo enviadas a la plataforma del Ministerio de Trabajo, que no tuvieron respuestas de personas con discapacidad o nadie cumplía con el perfil o no ganaron el proceso de selección”, refirió Herrera.
En el caso del sector público, la entidad fiscalizadora es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), refirió Martín Ruggiero, quien indicó que se han dado casos de algunas multas.
“Y las entidades responden señalando que no pueden garantizar la contratación de personas con discapacidad pues primero, ellos tienen que presentarse al concurso; y lo segundo es que tampoco pueden garantizar que la persona gane el concurso, pues hay un principio de meritocracia”, sostuvo Ruggiero.

Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.







