Una iniciativa legislativa presentada en el Congreso de la República busca regular el uso de la prueba del polígrafo en los trabajadores. Con este objetivo, a fines del 2025 el congresista Jorge Montoya presentó el proyecto de ley N° 13106.
El pasado 7 de abril del 2026 el congresista sustentó su proyecto de ley en la Comisión de Descentralización del Congreso. “Actualmente el uso del polígrafo no cuenta con una regulación legal en el Perú. Esto ha generado prácticas discrecionales o arbitrarias, tanto en el sector público como privado, afectando derechos fundamentales y generando inseguridad jurídica”, señaló Montoya durante su exposición.
La propuesta normativa regula el uso del polígrafo tanto en empresas privadas como públicas. Así, se establece una lista de ámbitos y situaciones donde se podría usar la prueba del polígrafo:
a) Cuando la actividad del trabajador, postulante o candidato esté directamente vinculada con la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública o la protección de la vida e integridad de las personas.
b) Cuando exista sospecha razonable de participación del trabajador en un hecho que haya ocasionado un grave perjuicio económico o material a la entidad empleadora.
c) Cuando medie consentimiento libre, previo, expreso y por escrito del trabajador o postulante.
d) En el sector público, como mecanismo de apoyo en los procesos de selección, control de confianza, investigación interna, prevención de actos de corrupción y fortalecimiento de la ética institucional, conforme a las disposiciones establecidas por cada entidad.
e) En el sector privado, particularmente en actividades de seguridad, defensa, transporte, minería, banca, servicios críticos o cualquier otro sector en el que se requiera garantizar la confiabilidad y honestidad del personal, respetando siempre la legislación laboral y de protección de datos personales.
f) En procesos de investigación administrativa o judicial, únicamente como herramienta auxiliar de orientación, con consentimiento expreso del evaluado y bajo supervisión de personal debidamente acreditado.
g) En procesos de auditoría interna o de control institucional, cuando se requiera verificar información relevante para la integridad de la gestión pública o privada.
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Al respecto, Franco Muschi, socio del área laboral del Estudio Garrigues, consideró innecesaria la aprobación de una ley que regule el uso del polígrafo, pues ya existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) donde se determinan los requisitos para el uso de esta herramienta.
“Es un tema polarizado pues el polígrafo como herramienta en el ámbito laboral siempre va a colisionar con la intimidad y dignidad de la persona. El proyecto tendrá una abierta oposición de parte de los trabajadores”, subrayó.
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Por su parte Jorge Luis Acevedo, laboralista del Estudio Benites, cuestionó que si bien un artículo del proyecto de ley señala que la aplicación de la prueba del polígrafo será voluntaria, en otro artículo se establece la obligatoriedad de su uso en los procesos de selección y designación de altos funcionarios públicos, a cargo del Congreso. Ello se refiere a los procesos de nombramiento de los magistrados del TC, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCRP), entre otros.
Acevedo sostiene que el uso del polígrafo debe ser siempre voluntario. “Nadie debe estar obligado a pasar por el polígrafo. En el proyecto se consigna la voluntariedad, pero en casos de designación de funcionarios públicos sí se hace obligatorio, allí hay una contradicción. Creo que en todos los casos debe ser voluntario, salvo en temas de seguridad nacional. Sino se rompe el principio de voluntariedad”, subrayó.
Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
