Cada cierto tiempo reaparece una idea que suele sonar atractiva en medio del proceso electoral: que el Estado intervenga en la revisión de contratos entre privados y en la fijación de límites a los precios para “proteger” a la población. El discurso puede generar aplausos inmediatos, especialmente en campaña, pero la historia demuestra que estas medidas terminan produciendo efectos contrarios a los prometidos.
Uno de los ejemplos más claros fue el control de alquileres aplicado en el país en 1977 mediante el Decreto Ley N.º 21938. La norma no solo regulaba rentas en determinados casos, sino que además restringía desalojos, promovía renovaciones forzosas de contratos y permitía al Estado echar mano sobre lo que consideraba una renta “justa”.
La intención podía parecer noble. El resultado no.
Cuando el Estado interviene en estos dos puntos, puede generar un alivio temporal para algunos sectores, pero el efecto de fondo suele ser perverso: menos incentivos para invertir, menor oferta y más informalidad.
El resultado es exactamente el contrario al prometido, menos viviendas disponibles, deterioro de inmuebles y un mercado más precario.
Además, estas medidas golpean a otros sectores vinculados, ya que se afecta la construcción, el empleo y el desarrollo de nuevos proyectos de viviendas.
El Perú ya vivió algo parecido con la regulación de las tasas de interés. La propuesta sonaba popular: limitar intereses para proteger a las personas. El resultado fue que miles salieron del sistema financiero formal y crecieron esquemas ilegales como el “gota a gota”.
Y no es una experiencia exclusivamente peruana. En el 2020, Argentina impulsó una ley de alquileres para enfrentar la inflación y “proteger” a los inquilinos. Lo que ocurrió fue una caída en la oferta y un aumento de la informalidad. En Venezuela, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro congelaron alquileres y restringieron desalojos. El deterioro del mercado inmobiliario fue evidente.
Claro que el Estado debe intervenir, pero sin destruir las señales del mercado. Su papel debería centrarse en promover más oferta de viviendas, proteger al consumidor y dar seguridad jurídica.
Porque cuando se habla de revisar contratos entre privados y controlar precios, no se discute únicamente un alquiler. También se pone sobre la mesa la estabilidad de otros acuerdos privados, como contratos de servicios, salud, educación o compra y venta.
Las recetas populistas suelen sonar bien en campaña. El problema surge después, cuando sus consecuencias terminan siendo más caras que el problema que prometían resolver.
Víctor Melgarejo es director periodístico (e) de Gestión.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
