El Foro Latinoamericano de Turismo (Folatur) manifestó su preocupación por las reiteradas situaciones de insolvencia, quiebra o cese intempestivo de operaciones de aerolíneas en la región —en esta ocasión, tras lo sucedido con Spirit Airlines, que cerró sus rutas—.
Según el gremio, hay una falla estructural en el sistema de comercialización del transporte aéreo: los pasajeros pagan anticipadamente por servicios que no poseen garantías efectivas de cumplimiento ni mecanismos de reembolso en caso de que fallen las empresas.
“Esta realidad los deja en una condición de indefensión material incompatible con estándares mínimos de protección al consumidor“, precisaron en un comunicado.
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Folatur precisa que desde hace años se arrastra este problema, y recuerda que en 2016 exigieron a la IATA la creación de un fondo de garantía, seguros o retención de fondos que protejan a los pasajeros.
El Folatur exige mayor protección a los pasajeros de aerolíneas, y pidió no responsabilizar a agencias de turismo. Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini' / Referencial
Advierten que la asimetría se evidencia mediante el Billing and Settlement Plan (BSP), que permite a las aerolíneas recibir anticipadamente los fondos de los pasajes sin exigir garantías equivalentes en favor de los usuarios.
“Se ha observado que, en la práctica, los efectos de estas insolvencias se trasladan indebidamente a las agencias de viajes, quienes, pese a actuar como intermediarias o mandatarias, enfrentan la presión de los consumidores para efectuar reembolsos que dependen exclusivamente de la aerolínea”, añadieron.
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La agrupación Folatur reiteró que las agencias de turismo no pueden ser garantes de la solvencia de las aerolíneas ni responsables por el incumplimiento del contrato de transporte aéreo.
En esa línea, reiteraron que ante las crisis sanitarias, conflictos internacionales, disrupciones operacionales y el cambio climático, se necesitan mecanismos que garanticen protección a los pasajeros de las aerolíneas.
“Es deber de los Estados, sus Gobiernos y los legisladores de cada país abordar y resolver de manera estructural un problema que afecta transversalmente a los consumidores, al mercado y a toda la industria del transporte aéreo”, sostuvieron.
