
La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) inició un proceso contencioso-administrativo contra resoluciones de Ositrán relacionadas con la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) aplicada a pasajeros en transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
La medida fue respaldada también por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

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Según los gremios, la demanda busca anular las resoluciones que fijaron las tarifas máximas para pasajeros en conexión nacional e internacional, actualmente en US$ 7.46 y US$ 11.86 con IGV, respectivamente. AETAI sostiene que el cálculo debió considerar únicamente inversiones previamente fiscalizadas por la Gerencia de Supervisión de Ositrán.
Las asociaciones afirman que la aplicación de este cobro desde diciembre del 2025 afectó la competitividad del Jorge Chávez como centro regional de conexiones. Incluso, señalan que el aeropuerto se convirtió en el más caro de América Latina para pasajeros internacionales en transferencia y que ello habría contribuido a la cancelación de ocho rutas internacionales durante el primer trimestre del 2026.
Además de la demanda, los gremios cuestionaron la Adenda N.° 9 al contrato de concesión entre el Estado y Lima Airport Partners (LAP), cuya firma viene siendo impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Según indicaron, la propuesta solo elimina la TUUA de transferencia nacional, pero mantiene intacta la tarifa internacional, que consideran el principal problema.

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IATA, ALTA y AETAI señalaron que propusieron al MTC ampliar la negociación para incluir también la eliminación de la tarifa internacional, planteando alternativas como una ampliación del plazo de concesión, sin generar subsidios adicionales del Estado.
El comunicado también advierte presuntas irregularidades legales en el procedimiento de negociación. Los gremios sostienen que el MTC estaría aplicando el Decreto Legislativo N.° 1362 pese a que dicha norma habría quedado derogada tras la entrada en vigencia de la Ley N.° 32441 en diciembre del 2025.
Asimismo, cuestionaron la falta de acceso a la información económica que sustenta la adenda. Según afirman, el MTC rechazó solicitudes para acceder a los informes técnicos utilizados en la propuesta, pese a que involucra recursos públicos.
Finalmente, los gremios precisaron que no se oponen a una adenda como mecanismo para resolver el problema tarifario, pero sí a que esta se firme sin transparentar previamente sus cifras y sin incluir la eliminación de la TUUA internacional.
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