La rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) que transporta el gas de Camisea -cuyas causas hasta ahora no se han determinado a casi dos meses de ocurrido- puso en debate un aspecto vital para la seguridad energética de Perú: cómo evitar que se vuelva a paralizar.
En esa discusión, la denominada “redundancia” para el sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, ha rondado en la conversación. Este término se puede traducir, en términos simples, como un ducto paralelo (“loop”): si uno necesita mantenimiento o sufre una rotura, el otro se activa y puede asumir la carga de transporte.
La redundancia se ha puesto sobre la mesa por parte de incluso autoridades, quienes han hecho referencia a la cláusula 5.8 del Contrato suscrito con TGP, que estipula que el Sistema de Transporte de Gas deberá ser diseñado, construido, mantenido y operado para restringir paros no programados [fallas en cubrir la demanda en un punto de entrega] y proporcionar una disponibilidad de 99% para un año continuo.
En tal sentido, el contrato añade que el sistema -que tiene 1,100 kilómetros de longitud de Cusco a Lima- deberá tener suficiente capacidad de respaldo y redundancia, así como de efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad especificada.
La crisis del gas natural se dio durante la primera mitad de marzo. Foto: TGP
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Osinergmin: TGP quedó exenta de obligación
Gestión consultó al presidente interino del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Aurelio Ochoa, si es que TGP incumplió esa parte del contrato a raíz de la paralización del gasoducto.
A su consideración, el funcionario respondió que la empresa quedó exenta de la obligación de tener que hacer inversión de redundancia desde el momento que el Estado peruano trasladó esa tarea al proyecto del Gasoducto Sur Peruano.
Como se recuerda, ese proyecto alcanzó un avance del 37% antes de quedar trunco en el año 2017, tras el escándalo por corrupción que involucró a su ejecutor Odebrecht, lo que llevó al entonces Gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski a declarar la caducidad de su contrato.
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No obstante, Ochoa refirió que Osinergmin había observado esa situación (la necesidad de dar seguridad a la operación del gasoducto actual) y sugerido oportunamente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) que debería dar solución a la misma, en su calidad de concedente de la concesión del transporte de gas.
Para la Asociación de Consumidores de Gas, que preside Roberto Santibáñez, la redundancia no significa que TGP tenía que construir otro ducto paralelo, sino que debía -en general- ofrecer soluciones para asegurar el suministro al 99% como le exige el contrato.
Osinergmin se reunió con las empresas afectadas por la paralización del gasoducto.
¿La redundancia no prosperó?
Gestión consultó sobre este punto a TGP, y Enrique Martínez, gerente senior de Nuevos Negocios de la empresa respondió que la redundancia que se menciona en su contrato la consideran asociada solo a las instalaciones que están obligados a construir y operar, es decir: un ducto de 32 pulgadas de diámetro en la selva, 24 en la sierra y 18 en la costa.
Esa tubería originalmente debía transportar 450 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas natural, la cual luego ampliaron hasta 920 mmpcd, pero remarcó Martínez que la redundancia no comprende -como algunos creen- un ducto paralelo de respaldo al actual, de principio a fin, sino solamente el sistema actual.
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Sin embargo, refirió que cuando se hizo un estudio de demanda de gas en el 2009, se advirtió que el mercado local iba a requerir más de 450 mmpcd, es decir un volumen superior al que podían transportar inicialmente, por lo que hicieron diversas propuestas para ampliar la capacidad del ducto de gas vía adenda, pero que la mayoría de ellas fueron rechazadas por el Estado.
En primer lugar, recordó, plantearon aumentar la capacidad a través de un proyecto denominado “Loop” Selva, para construir un tramo de 150 kilómetros adicionales de tuberías en la selva del Cusco, paralelo al gasoducto actual, y para lo cual firmaron adenda el 2010.
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Esa solución, detalló, ofrecía un beneficio adicional de mejorar la confiabilidad del sistema, pues si se llegaba a dañar una de las tuberías, la otra podría seguir transportando gas, pero luego, el Estado revocó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, por problemas relacionados con las comunidades de la zona.
Como alternativa, refirió que luego TGP ofreció construir un loop o tubería paralela más pequeño y con equipamiento de compresión para aumentar su capacidad, para lo cual firmaron otra adenda, pero que tampoco se ejecutar por ataques que sufrieron en la zona de el VRAEM, con la quema de helicópteros, toma de campamentos y secuestros de personal.
Frente a esa situación, la compañía optó por una tercera alternativa que consistió en instalar equipos de compresión para ampliar la capacidad de transporte en los mismos ductos actuales, que es lo que ha funcionado desde esa época a la fecha.
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¿Cómo enfrentar nuevos riesgos?
Para el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, la redundancia a la que se refiere el contrato es relativa, pues aun si ello significara construir un ducto paralelo al actual, un sismo o incendio podría afectar a ambas tuberías en el mismo recorrido que tuvieran, por lo cual la clave está en la confiabilidad en general que debe tener el sistema.
Consideró que la reducción del riesgo de que el gasoducto pueda volver a quedar paralizado, pasa por dos soluciones. Una de ellas la construcción de capacidad de almacenamiento de gas natural a la entrada de Lima Metropolitana, o en la zona de Melchorita, para asegurar su suministro a los usuarios.
La otra alternativa, anotó, es la construcción de plantas de regasificación de gas licuado en la costa, a donde se podría abastecer vía importación en buques tanqueros.
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En tanto, para Arturo Vásquez Cordano, exviceministro de Energía, hoy la solución no pasa por construir un ducto paralelo al actual, por cuanto restan pocos años para concluir el actual contrato con TGP, el mismo que vence el año 2033, es decir dentro de seis años.
En tan poco periodo, si la empresa construyera hoy un ducto paralelo, no tendría tiempo de recuperar la inversión, anotó el experto.
Vale recordar que TGP ha planteado una extensión de su contrato por 10 años adicionales, y que incluye la construcción de un gasoducto de 900 kilómetros por la costa desde Ica hasta Arequipa y Moquegua, con capacidad inicial de 300 mmpcd. El Gobierno aún no se pronuncia ante tal propuesta.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.
