
Han pasado más de dos años desde que la empresa Cálidda propuso, a fines del 2023, extender su concesión más allá de Lima y Callao, de forma que abarque también a siete regiones del centro y sur del Perú, pero hasta ahora el Gobierno no toma una decisión.
Como reveláramos en su momento, esa compañía propuso invertir más de US$ 580 millones para llevar ese gas a 15 ciudades en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, a través de más de 3,700 kilómetros de redes de distribución, y con la ventaja que les cobraría la misma tarifa que se aplica a los consumidores en Lima y Callao.
La iniciativa se presentó luego de dos intentos fallidos de ProInversión de concretar el proyecto de siete regiones, mediante sucesivas licitaciones sin éxito. La última fue realizada en 2021 y no atrajo postores, pese a contar con un subsidio estatal.
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En septiembre del 2025, la empresa informó a este diario que ya había levantado las observaciones que formuló el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a su propuesta para modificar su contrato de concesión e incorporar esta extensión.
Luego, en la primera quincena de diciembre del 2025, el titular del Minem, Luis Bravo, declaró que ya estaban culminando el proceso de evaluación de la propuesta de Cálidda y que su compromiso era realizar el proyecto cuanto antes.

¿Aún sin consenso en el Poder Ejecutivo?
A inicios de este mes, el mismo ministro señaló que era importante realizar un trabajo articulado e intersectorial para buscar un consenso y hacer viable la adenda al contrato de concesión de Cálidda, permitiendo se apruebe la propuesta.
Este martes, Gestión consultó al Minem sobre el estado en que se encuentra la solicitud de esa empresa: desde el área de prensa del sector respondieron que el tema sigue aún en conversaciones.
Este diario preguntó también al CEO de Cálidda, Martín Mejía, quien indicó que la iniciativa que presentaron aún está en proceso de evaluación, aun cuando recordó que, en efecto, el Gobierno les había dicho que iban a cerrar el proceso en diciembre del año pasado. “Aún no lo hacen”, subrayó.
Según el Minem, en el proceso de evaluación participan, además de ese sector, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y ProInversión, en base a la normativa que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA).
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¿Cuánto avanzó la masificación?
En países como Argentina, México, Colombia, EE.UU. y otros de Europa, que aplicaron diversos métodos para masificar el gas natural, la implementación se realizó en plazos de entre 1 hasta máximos de 10 años, reveló un reciente estudio de la Universidad del Pacífico (UP) compartido con Gestión.
Sin embargo, en el Perú, a más de 20 años del arribo del gas de Camisea a la capital, y luego de su distribución a algunas provincias costeras, es poco lo avanzado en su alcance a nivel residencial.
El estudio detalló que su consumo se ha concentrado en un 33.6% en la generación eléctrica, en 19.5% en la industria, pero su uso residencial es de apenas el 2.8% del consumo total, con 2.4 millones de usuario a nivel nacional en las cinco concesiones existentes.

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Los desafíos para llevar más gas
El estudio advirtió que existen diversos desafíos para la consolidación de la anhelada masificación, siendo uno de ellos que las reservas de gas natural están en declive: hoy son 24% menores respecto al 2020 y con un horizonte reducido a 15 años por falta de inversión en exploración.
Así, analizando el escenario actual y de los últimos años, el economista Carlos Casas, autor del citado estudio, refirió a Gestión que, si el Gobierno acepta ahora la propuesta sobre la mesa de Cálidda, y sumando que ofrece llegar a nuevos consumidores en siete regiones a partir de este año, los usuarios al interior tendrían al menos 15 años más para lograr ahorros en su consumo energético, aún si no se lograra atraer más inversiones exploratorias.
Refirió, además, que la falta de un gasoducto que integre a las macrorregiones impide un desarrollo industrial descentralizado y tener tarifas niveladas.
Debido a ello, advirtió, las ciudades de las regiones a las que se lleva el gas en camiones pagan precios 30% más altos que en Lima, mientras que la capital tuvo un ahorro estimado en US$ 41,879 millones, debido a que el gas llega vía el ducto de Camisea.
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Nuevas barreras a la masificación
El exdirector de hidrocarburos del Minem, Erick García Portugal, consideró que, analizando el panorama actual, en efecto, la propuesta de Cálidda puede ser la alternativa más rápida hoy para llevar más gas a las regiones del interior, aunque advirtió que surgieron nuevas barreras de acceso para extender el consumo en la misma ciudad capital y otras al interior.
Explicó que, durante el Gobierno de Dina Boluarte, se eliminó el financiamiento, que se venía otorgando a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), para las conexiones principales de gas natural a usuarios de las clases media y alta, así como para los edificios multifamiliares.

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En este último caso, refirió que el FISE subsidiaba por completo la instalación de la estructura montante de gas, que es la tubería principal que se instala al interior de los edificios, y del cual se derivan luego las instalaciones individuales para cada departamento. Esto último era lo único que antes pagaban los usuarios finales.
Pero ahora, al haberse eliminado ese beneficio, la conexión total en edificios multifamiliares resulta más caro, lo cual -remarcó García Portugal- ha frenado la masificación y es una barrera de acceso. La razón es que el consumo que se registra en edificios multifamiliares suele ser mayor que el mismo uso en viviendas unifamiliares.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.








