Nuevas tensiones en Petroperú. ProInversión y la petrolera estatal no habían podido “caminar juntos”, pese a que la agencia de promoción de la inversión es quien lidera actualmente la reestructuración de la empresa y tiene el encargo de estructurar la línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones.
Mientras ProInversión había solicitado información y puesto candados al accionar de la empresa del Estado, Petroperú consideró que la agencia estaba yendo más allá de las competencias que le dieron los Decreto de Urgencia (DU) N° 010-2025 (reestructuración de la compañía pública) y el DU N° 003-2026 (gatilló la línea de financiamiento de hasta U$ 2,000 millones).
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Las comunicaciones
El último 15 de mayo, ProInversión envió un oficio dirigido a Edmundo Lizarzaburu, presidente del directorio de ProInversión. En el documento, que revisó Gestión, la agencia refiere: “[...] si bien resulta positivo el haber podido conocer oficialmente estos cambios gerenciales por su intermedio, más allá de contar con esta información posterior a la toma de decisión, nos genera bastante preocupación el impacto y repercusiones para la compañía de un cambio tan drástico, más aún en la coyuntura actual [...]”.
Hay que recordar, tal como adelantó Gestión, a inicios de este mes hubo una ola de cambios en las gerencias encargadas de Petroperú. En ese momento, los analistas mostraron su preocupación por el riesgo de que esto signifique darle la espalda a la reestructuración.
En este contexto, ProInversión le solicitó a Lizarzaburu que en 3 días calendario (hasta el lunes 18 de mayo) tome acciones. En concreto, pidió que la petrolera les envíe una copia de la entrega de cargo de cada uno de los gerentes que fueron relevados para los nuevos encargos; copia de los expedientes administrativos completos del nuevo personal encargado; y copia del informe completo emitido por el estudio Paul Hastings LLC.
Además, respecto a la propuesta de participación de las sesiones de directorio vinculadas al proceso de reorganización patrimonial, la agencia comunicó la designación de Jorge Luis Ramos Felices, “[...] por lo que esperamos nos indique que información adicional requeriría para que inicie ya su participación en su próxima sesión de directorio”.
Una reciente carta evidencia que la petrolera estatal cuestiona las facultades que tiene Proinversion dentro del proceso de reorganización patrimonial de la empresa. (Foto: Andina)
En un segundo oficio, también del 15 de mayo, se le dio tres indicaciones de carácter vinculante.
- El Directorio y la Gerencia General deberán abstenerse, con efecto inmediato, de aprobar, autorizar o suscribir cualquier contrato, adenda, obligación comercial o instrumento financiero “que comprometa los flujos de efectivo futuros de la compañía más allá del horizonte estrictamente necesario para la operación corriente ya presupuestada”.
- A partir de la fecha, toda adquisición de crudo, derivados, aditivos o insumos críticos necesarios para el mantenimiento de las operaciones de refinación y comercialización, “queda bajo la supervisión y ejecución directa de ProInversión”. Esto, argumenta ProInversión, se da en el marco de las normas y mecanismos excepcionales habilitados por el DU 010-2025 y el DU 003-2026 para garantizar la eficiencia en el precio y la trazabilidad de los fondos.
- En tercer lugar, se solicitó remitir a ProInversión, en un plazo no mayor a 48 horas (17 de mayo), el inventario detallado de todo proceso de compra de hidrocarburos o compromisos financieros actualmente en curso o en fase de negociación, “a efectos de proceder con su evaluación, redimensionamiento o traslado a la esfera de competencia de ProInversión”.
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Petroperú respondió a ProInversión
El 18 de mayo, la respuesta de Petroperú llegó a ProInversión, según constató Gestión. Gustavo Villa Mora, gerente general firmó la carta enviada.
Para la empresa del Estado, los pedidos de la agencia de promoción de la inversión, como las actas vinculadas a los gerentes relevados, expedientes administrativos del personal encargado y el informe de Paul Hastings LLC, no van “de manera expresa ni implícita” en línea con los decretos de urgencia que aprobaron la reestructuración y la línea de financiamiento (DU 010-2025 y el DU 003-2026).
“[...] por cuanto el ámbito de intervención y acceso a información de ProInversión debe encontrarse directamente vinculado al objeto específico del encargo normativamente establecido, circunscrito a los bloques patrimoniales materia del proceso de reorganización, debiendo los requerimientos formulados guardar correspondencia con dicho alcance”, añadió.
La justificación que dio la petrolera es que la información solicitada comprende documentación de “naturaleza interna y potencialmente sensible para la empresa”.
“Sin perjuicio de lo señalado, y en atención a la solicitud formulada por su representada, la misma será puesta en conocimiento del Directorio de Petroperú, a efectos de que dicho órgano colegiado, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones, evalúe la pertinencia, alcance y procedencia de la eventual entrega de la información requerida por ProInversión”, respondieron.
En medio de todo esto, ya con los medios de comunicación informando al respecto, el 20 de mayo en la tarde hubo una reunión entre ProInversión, Petroperú, el primer ministro, Luis Arroyo, el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta y el viceministro de Economia, Eloy Durán, entre otros, sobre este tema. Posteriormente, enviaron un comunicado conjunto donde Petroperú al final accedió a enviar la data a la agencia.
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La necesidad de poner candados
Gestión consultó sobre estas idas y venidas a Carlos Paredes, expresidente de la petrolera, y a David Tuesta, exdirector de la empresa. AmboS coincidieron que en un contexto donde se liberará una línea de financiamiento de US$ 2,000 millones y la necesidad de sacar a flote las cuentas de Petroperú, los “candados” impuestos son necesarios.
Paredes refirió: “Lamentablemente, la empresa está acostumbrada, de un tiempo a esta parte, a hacer lo que quiere, y todo ello con el apoyo del Estado. Por eso, hace bien ProInversión en exigir el control del flujo de la caja. Si no lo hace, cómo se va a asegurar el pago de los US$ 2,000 millones. Yo he sido supervisor de flujos en fideicomisia. Es algo usual [tener este tipo de supervisión]. Porque no puede ser que [Petroperú] siga pidiendo plata, pero no quiera control. Sobre los [cambios de] gerentes, se tiene que saber quién se pone al mando de la empresa que está camino a la reestructuración”.
Agregó: “Son pedidos sensatos, razonables [...] Si no quieres que [ProInversión] intervenga, no pidas la plata entonces”.
Por su parte, Tuesta consideró: “Lo que ProInversión quiere asegurarse es que el dinero se utilice para las necesidades básicas [de la empresa], por eso aplica ese nivel de control”.
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Derogación del DU
Aun así, vale la pena mencionar que algunos congresistas que se mostraron a favor de que se elimine este decreto, cuestionaron duramente la participación de ProInversión.
Frente a ello, se consultó a Paredes y Tuesta sobre el escenario que se abriría si el Gobierno decidiera retirar a la agencia de los decretos aprobados.
“Se tendría que hacer vía otro DU, pero simplemente regresaríamos a lo mismo. Sería una burla para los peruanos. Sería tan evidente que se actuó de mala fe [si se hiciera este cambio], que es probable que el nuevo Congreso observe una decisión como esta”, advirtió Paredes.
Y, para Tuesta, si sale ProInversión, el mercado entendería que es dinero perdido el que se le daría a Petroperú. “Sería casi una inyección de capital”, finalizó.
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Pedido de información de la SMV
A todo lo mencionado se suma que ayer, como hecho de importancia, Petroperú le respondió a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) frente a algunas dudas de la entidad.
Si bien la SMV solicitó información sobre el DU 003-2026, vinculado a la línea de financiamiento y su impacto económico y/o financiero, la empresa estatal respondió que por ahora no hay mayores avances que deban ser informados a la superintendencia.
Donde sí se extendió fue ante la consulta sobre por qué no se ha comunicado, como hecho de importancia, “que el 26 de marzo del 2026, ha presentado a la SMV una solicitud de excepción para presentar sus estados financieros anuales auditados 2025 y su Memoria Anual 2025 aprobados por su directorio y Junta General de Accionistas (JGA), hasta el 30 de septiembre del 2026”.
Cabe recordar que esto debía ser presentado hasta el 31 de marzo de este año.
Según la empresa pública, de acuerdo a las actas de entendimiento entre la sociedad auditora Gaveglio, Aparicio y Asociados (PWC) y Petroperú, PWC debe entregar el borrador del Informe de Auditoría a la Contraloría General de la República este viernes 22 y los otros entregables (Informe presupuestal, Tributario, Carta de Control Interno, entre otros) el 09 de junio próximo.
