1. A comienzos de semana, el Gobierno publicó un decreto de urgencia para lanzarle un nuevo salvavidas a Petroperú. El objetivo es garantizar el financiamiento de US$ 2,000 millones para la petrolera estatal a fin de que esta pueda seguir operando y evitar así que entre en un proceso de insolvencia y eventual quiebra. La discusión de si este constituye un nuevo salvataje es puramente semántica. Sin los fondos, la empresa se hundía, y sin la garantía no financiera extendida por el Gobierno, ningún privado se arriesgaría a darle un centavo a Petroperú. El Gobierno optó por salvar a Petroperú de la quiebra, probablemente por razones ideológicas, pero también debido a las posibles ramificaciones financieras de un default de esta magnitud por parte de una empresa de propiedad 100% estatal.
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2. ¿Cuántos salvatajes puede requerir la empresa? Este es, por lo menos, el quinto en los últimos cuatro años. ¿A cuánto llega el apoyo estatal a Petroperú desde el 2022 en que se empezó con un préstamo de corto plazo “que se pagaría antes de fin de año”? Pues a un montón de dinero. Aún limpiando los financiamientos que luego fueron capitalizados de la suma total, concluimos que el apoyo estatal supera los 20,000 millones de soles. ¿Y qué se logró? Pues no mucho, ya que sin un nuevo salvataje la nave se hundia. A pesar de los compromisos de reestructurar y transformar la empresa que se asumieron con los sucesivos apoyos financieros, poco o nada sucedió en este campo. La empresa siguió siendo gestionada esencialmente por el mismo grupo gerencial y arrojando pérdidas millonarias sin generar la caja necesaria para sostener sus operaciones.
Se tiene a ProInversión trabajando en la reestructuración patrimonial, en gestionar financiamiento privado para la empresa, en buscar transparencia, y promover el interés de posibles inversionistas en los diferentes bloques patrimoniales que se han identificado. (Foto: ProInversión)
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3. ¿Por qué este salvataje sería distinto de los anteriores? ¿Por qué tendría mejores resultados? ¿Por qué el financiamiento proviene de fuentes privadas, respaldadas por una garantía estatal no financiera y relativamente lejana en el tiempo? Aunque podría argumentarse que es más difícil tirarle “perro muerto” a un banco internacional de primera línea que al Banco de la Nación y que, por lo tanto, la empresa estaría más motivada a cumplir sus obligaciones, ese argumento no es particularmente sólido.
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4. La gran diferencia con los salvatajes anteriores es que estos otorgaron recursos directamente a Petroperú. Los sucesivos decretos de urgencia supuestamente condicionaron el apoyo financiero a la reestructuración, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque se le entregaron los recursos a una empresa que no creía en la necesidad de reestructurarse, de reducir su personal, de disminuir costos y generar eficiencias. En ese contexto, los recursos de los salvatajes se destinaron a que Petroperú siguiese haciendo “más de lo mismo”. ¿El resultado? Desastroso: pérdidas millonarias y nuevos salvatajes.
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5. En esta oportunidad, no se le está dando la plata directamente. Se estará canalizando a través de un fideicomiso que será supervisado y administrado por ProInversión. Esta agencia está a cargo del proceso de reestructuración patrimonial que manda el D.U. Nº 010-2025, que divide la empresa en bloques patrimoniales para atraer gestores e inversionistas privados a la empresa, con el objetivo de que Petroperú deje de perder dinero. Ok, esta es una diferencia importante, pero ¿es suficiente? Desgraciadamente, la respuesta es no. Si Petroperú no logra gestionarse mejor, existe el riesgo de que este nuevo financiamiento no pueda pagarse y que la garantía “lejana y no financiera” termine ejecutándose, afectando así al bolsillo de todos los peruanos.
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6. Recordemos que Petroperú es aún gestionado por la plana gerencial que nos metió en los graves problemas en que nos encontramos ahora. De hecho, el jueves pasado, el nuevo Directorio de Petroperú repuso en las gerencias a gente que aparentemente no está alineada con el proceso de reestructuración. ¡De locos! Se trata de gente allegada a aquellos líderes de lo que he denominado la “Gran Cofradía” de Petroperú. La reacción mediática a estos cambios fue muy negativa y, al día siguiente, el presidente del Directorio de Petroperú tuvo que enviar una carta a ProInversón, señalando que las encargaturas eran temporales y, además, pedía la participación de ProInversión en las sesiones del Directorio de Petroperú.
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7. Estamos frente a un proceso que linda en lo esquizofrénico. Por un lado, se tiene a ProInversión trabajando en la reestructuración patrimonial, en gestionar financiamiento privado para la empresa, en buscar transparencia, y promover el interés de posibles inversionistas en los diferentes bloques patrimoniales que se han identificado. Y, por el otro lado, se tiene a un Petroperú, donde todavía sobreviven y pululan personas que nos han hecho mucho daño y que, muy probablemente, seguirán saboteando la reestructuración en marcha.
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8. ¿Y de quién es la responsabilidad de esto? La responsabilidad es del Gobierno. La responsabilidad es del presidente José María Balcázar, que cambia de presidentes de la empresa con mucha ligereza. Es necesario ponerse serio, señor Balcázar. Es indispensable que ponga gente responsable al mando de Petroperú, para que este nuevo apoyo sea bien gestionado dentro de la petrolera estatal.
Carlos E. Paredes es economista de Intelfin y docente de la U. Continental.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
