
Las energías renovables no convencionales, como las solares y eólicas, son una parte activa y creciente de la matriz energética del país, aunque todavía representan una fracción menor en comparación con las fuentes tradicionales. Justamente la conversación sobre la mesa en esta nueva edición de Diálogos, un espacio de Gestión, es revisar el camino para que las también llamadas RER puedan ser impulsadas.
“En los últimos 5 años, la demanda de energía eléctrica en Perú ha crecido alrededor de 3%. En este mismo periodo, la producción de energía solar y eólica ha crecido 23%. Además, en el 2025, hemos cerrado con una participación de [las eólicas y solares] de 10% en la producción de todo el Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN) y para el 2026 vamos a alcanzar el 12% por ingresos de unas centrales”, resumió Diego Diaz, socio de Macroconsult y experto en energía.
En este contexto, Riquel Mitma, vicepresidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), se refirió a la Ley N° 32249, que modificó la ley que asegura el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, y a su reglamento que aún está en compás de espera.
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“El problema de fondo es la falta de competencia en la contratación de la energía para el servicio público, entendido, para los usuarios regulados [...] Esto se debe a dos razones: hace 15 años no se hacen mecanismos competitivos para comprar energía para ese segmento [...] y la estructura de contratación que se tiene es antigua [...]”, refirió Mitma.
Frente a ello, recordó, que a inicios del año pasado se publicó la Ley N° 32249, en la que se establecieron varios mecanismos. Por ejemplo, cambia la forma de contratación que tiene el distribuidor: “Antes tenía la discrecionalidad de contratar mediante licitaciones o contratos bilaterales. Entre esas dos opciones, se había optado más por la segunda [...] Pero, ahora, la ley lo que dice que se tienen que hacer contrataciones por licitaciones y después, al final, se puede ir por contrato bilateral”.
Además, se tomará en cuenta el segmento de eficiencia propio de cada opción (ya no solo existe hidroeléctrica o térmica, sino también las RER) y por ello prevé que la licitación se haga por horarios, en donde cada tecnología pueda competir con la mejor eficiencia. A esto se suma, justamente, que la ley ahora separa la energía de la potencia.
“Esto no es un invento. Otros países ya lo tienen separados [...] Este no es un riesgo, sino un mecanismo regulatorio que tiene que remunerar ambas cosas [...] Entonces, la competencia no solo es por bloque horario, sino también se puede ofertar potencia o energía, no necesariamente los dos juntos”, resumió Mitma.

A su consideración, si los reglamentos respetan el espíritu de la ley, se verá una mayor penetración de estas tecnologías en los siguientes años, pero compitiendo en función a su propia eficiencia y características. “Eso se va a reflejar en que el precio realmente sea competitivo para el usuario”, concluyó en su participación.
En esta línea, y para entender cómo se pueden gatillar más proyectos RER, Juan Pedro Aramburu, country director de Zelestra en Perú, recordó que el país está “bendecido con sus recursos naturales”. “A nivel recurso hay un potencial muy amplio”, reafirmó.
A nivel macroeconómico, agregó, Perú tiene estabilidad, así como liquidez e interés de los bancos de financiar proyectos de infraestructura. “Esas condiciones están dadas”, subrayó. Además, hay una demanda eléctrica que crece y proyectos de interconexión con otros países que dan luz a que haya más posibilidad de comercializar energía.
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“La principal barrera, considero, es lo que ha comentado Riquel Mitma, sobre la parte regulatoria. Ahí el principal tema es esta desvinculación de energía y potencia y la posibilidad de comercializar la energía por bloques. Esto va a permitir que el consumidor final tenga más opciones de contratación”, coincidió.
Agregó: “Nosotros, como Zelestra, tenemos interés que los mejores precios que hoy brindan las energías renovables puedan llegar al usuario final. Tenemos más de 800 megavatios de proyectos greenfield que queremos llevar al mercado y lo que necesitamos es un marco regulatorio que nos permita hacerlo”.
Prima de riesgo
Para Diaz, la espera de más de un año para el reglamento de la Ley N° 32249 responde, entre otros, a la volatilidad en el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Desde julio del 2021, por ejemplo, la cartera ha visto pasar a más de 10 titulares, siendo el último Ángelo Alfaro.
Además, ya de cara a las elecciones 2026, el representante de Macroconsult destacó que, de la revisión realizada por la consultora, “ningún partido tiene un plan muy estructurado respecto al tema energético, no solo sobre las RER, sino sobre el gas natural, nuestra otra punta de lanza”.

“Definitivamente el próximo Gobierno va a tener que tomar decisiones importantes sobre hacia dónde quiere que vaya la industria energética nacional en los próximos años [...] Tener un horizonte claro es relevante porque ante la posibilidad que se cambien las reglas de juego, se incrementa la prima de riesgo de un proyecto y eso se traslada en precio”, mencionó.
Justamente, en esta línea, Aramburu mencionó que la posición con los bancos es hoy más complicada. “El banco dice: ‘tienes un proyecto que está operando, me estás pidiendo refinanciar, pero no considero que el contexto regulatorio de Perú es estable’. Entonces, percibe que el riesgo es mayor, la prima cambia, el costo del dinero aumenta y, al final, todo ello es un costo mayor de energía para el usuario final”, anotó.
Interés en las RER
Es cierto que la composición de la matriz energética va cambiando, pero, para ir más allá de la oferta y colocar el foco en la demanda, Diaz resaltó que la minería quizá ha sido uno de los primeros sectores que empezó a poner requerimientos de energía limpia en sus licitaciones privadas para compra energía.
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Sin embargo, hoy se podría decir, destacó, que el grueso de la plataforma manufacturera está interesado o ya implementando medidas para poder renovar sus contratos eléctricos utilizando RER. “Este es uno de los drivers de porqué crece la oferta y la producción”, apuntó.
Saliendo del sistema interconectado, el país también tiene un sistema eléctrico aislado, que se puede traducir como redes pequeñas e independientes que no están conectadas a la red nacional.
Mitma fue claro al señalar que la ley también recoge este tema y, por ejemplo, establece hay que hacer un reglamento para el sistema aislado más grande: Iquitos.
Almacenamiento
Si bien los promotores de las RER destacan la reducción en los precios de la energía para el consumidor, los críticos argumentan que dicho ahorro se diluye al integrar los costos operativos adicionales, tales como los sistemas de almacenamiento por baterías necesarios para garantizar la continuidad del suministro.
Frente a ello, Mitma responde: “[...] El cuestionamiento es lo costoso de la batería, pero recordemos dos cosas. Primero es que estos costos, así como los del panel fotovoltaico, por ejemplo, tienden a la baja. Y, segundo, el SEIN está evolucionando a uno moderno, abierto y más flexible [...]”.
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Añadió que la ley ya contempla prevé esta situación. Recordó que por eso se necesita el reglamento vinculado a servicios complementarios. Para entenderlo de forma sencilla, si la energía y la potencia son el “producto principal”, los servicios complementarios son el “soporte técnico”.
Entonces, se supone que el reglamento sobre estos servicios abre la puerta a la creación de un mercado, a nuevos actores relacionados al almacenamiento (baterías – BESS y otras tecnologías), pagos por desempeños, entre otros.

Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.








