Según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a Gestión, vía Portal de Transparencia, de las 32 Asociaciones Público-Privadas (APP) del sector, al menos 8 vencerían en los próximos 5 años, es decir, durante el Gobierno de Keiko Fujimori. Si se analiza el término a 10 años, la cifra sube a 19, es decir, más de la mitad de los proyectos.
Expertos analizan este panorama, que obligará a al menos dos gobiernos a tomar decisiones sobre el futuro de estas APP, pero sobre todo al siguiente. ¿Renovar, licitar o retener en el Estado? Esa es la interrogante a resolver.
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Las concesiones por vencer
El Gobierno de Fujimori iniciará este 28 de julio y, según el periodo presidencial usual en el país, culminaría el 28 de julio de 2031. Contrastando ello con el listado del MTC, en dicho plazo diversas concesiones portuarias, viales y aeroportuarias terminarán en todo el territorio nacional.
Figuran aquí APP conocidas como el Primer Grupo de Aeropuertos, que incluye terminales cruciales para el Perú como los de Piura, Huaraz, Chiclayo o Pisco; la IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas, los Tramos 2,3 y 4 de la IIRSA Sur; y el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales Callao, entre otros.
Todos, sin excepción habrían culminado hacia 2031. Si se revisa el plazo hacia los próximos 10 años, el número de concesiones por caducar asciende hasta 19. En dicha lista aparecen proyectos como el Ferrocarril del Sur y Oriente, el 2do Grupo de Aeropuertos, donde están incluidos los terminales en Arequipa, Juliaca o Tacna; y más (ver tabla).
Sobre ello, agregó Sebastian Gamarra, Asociado Principal de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, que es clave en ese proceso el análisis costo-beneficio de continuar con los contratos.
“Lo que existe es un mecanismo de análisis de la propuesta de adenda que presenta el concesionario. Allí se revisa, por ejemplo, si los objetivos de la concesión se han cumplido, qué piden los usuarios y qué podría cubrir esa demanda. De eso resulta qué inversiones y compromisos adicionales hará el concesionario”, sostuvo.
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Las herramientas para negociar
Gamarra se refiere básicamente a lo que ocurrió tras la entrada en vigencia de la Ley N° 32441, que rige las APP en Perú desde septiembre último. Allí finalmente se estableció un procedimiento específico para que el Estado peruano tome previsiones ante la terminación natural de las concesiones.
Esta precisión legal se dio tras vivir casos como el de Olmos. Como se recuerda, esta APP caducó el pasado 25 de septiembre y estaba en manos de Novonor, a través de la Concesionaria Transvase Olmos (CTO).
Esta situación se generó porque Estado peruano demoró en decidir qué hacer con el futuro del proyecto de irrigación. Recién a finales del 2024, y a pesar de conocer la fecha de fin del contrato con Novonor desde antes, se empezó a comentar públicamente cómo se mantendría activa la APP. Una historia que la Ley N° 32441 pretende no repetir.
Hoy el proyecto Olmos aguarda que ProInversión seleccione a un nuevo operador. Foto: PEOT.
Durante el mismo tiempo, pero en los primeros 3 años de vigencia del contrato, no podrán firmarse adendas, salvo excepciones como corregir errores materiales o restablecer el equilibrio económico financiero de la APP.
“Esa es la novedad: hay una obligación de evaluación para el Estado y también el concesionario puede proponer la renovación. El análisis allí es clave: si se renueva, deben haber beneficios para el Estado, no solo para el privado. Caso contrario, se apostaría por un nuevo concurso”, explicó Fernández-Dávila.
La otra opción, que en el papel también es una posibilidad, es que las concesiones queden a cargo del Estado. “Que asuma directamente la administración es una alternativa, pero no sería la recomendada. En muchos casos la capacidad necesaria está fuera de su alcance”, anotó Gamarra.
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Adendas por cerrar
Por iniciativa de los privados, no son pocos los casos en los que ya se negocian o han logrado cerrarse adendas, aunque ha tomado bastante tiempo.
A la fecha, algunas APP que Salardi agrupó lograron cerrarse. Pasó así con el puerto de Matarani, donde Tisur invertirá US$ 700 millones extra a cambio de extender el contrato hasta el 2059, siendo así la concesión de transporte activa más longeva a la fecha, ya que inició en 1999.
Keiko Fujimori deberá impulsar las renovaciones de estas APP durante su gobierno. (Foto: Andina).
En la cartera oficial de ProInversión figuran hoy la negociación de dos adendas más: el Terminal de Minerales Concentrados Callao (US$ 389.5 millones) y la Red Vial N° 5 (US$ 270 millones), que se firmarían durante el segundo semestre del 2026, siendo de las primeras que cerraría Fujimori como presidenta. Ambas caducan antes del 2031.
Para el resto, el gran reto será que el Estado tenga la suficiente capacidad para sostener negociaciones paralelas, a criterio de Gamarra.
“Ya tenemos unas reglas que buscan que todo sea más célere, pero la realidad es que también hacen falta más recursos técnicos y humanos para mantener las concesiones actuales y convocar nuevas”, detalló.
Fernández-Dávila coincidió, ya que se espera un clima de inversión más amigable que elevaría el interés privado en las APP. “La invocación es a que las renovaciones se analicen con tiempo, para no repetir casos negativos. Muchos proyectos requieren inversión, hay que aprovechar ese ánimo por invertir”, planteó.
Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.
