
Han pasado más de dos años desde que Cálidda planteó modificar, vía adenda, su contrato de concesión para extender sus redes de distribución del gas natural más allá de Lima y Callao, a fin de que lleguen a siete regiones del centro y sur del Perú.
Sin embargo, y pese al ofrecimiento que hizo el Poder Ejecutivo de impulsar ese proyecto, hasta el momento este no toma una decisión, la cual más bien -según supo Gestión- parece complicarse.
La propuesta de adenda que presentó esa empresa a fines del 2023, proponía extender el plazo de vigencia de su contrato de 33 años (que se firmó el año 2000 y rige hasta el 2033), por 10 años adicionales, es decir hasta el 2043.
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Propuesta de la empresa
En su propuesta, la empresa ofrece construir 3,700 kilómetros de tuberías de distribución de gas domiciliario al interior, con una inversión de US$ 550 millones, para llevar el servicio a 15 localidades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica.
Además, a los potenciales consumidores en dichas regiones les aplicaría las mismas tarifas por el servicio de distribución que cobra a sus clientes en Lima y Callao.
Para analizar la adenda planteada, el Poder Ejecutivo conformó una comisión de evaluación integrada por ProInversión, los ministerios de Energía y Minas (Minem), de Economía y Finanzas (MEF), de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y los gobiernos regionales y locales involucrados.

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Sucesivas prórrogas
Desde entonces, la conclusión del análisis que debía arrojar esa comisión multisectorial ha estado sujeta a sucesivas prórrogas. Ya en su discurso del 28 de julio del 2025, la entonces presidenta Dina Boluarte anunció que el Minem y Cálidda habían concluido un acuerdo.
Luego, en septiembre de ese mismo año, el Gobierno indicó que el análisis del proyecto estaba en su fase final y que en semanas se suscribiría la adenda, aunque luego el Minem estimó que se firmaría en febrero del 2026, lo que no sucedió.
Posteriormente, el 16 de abril último, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, durante su discurso para solicitar el voto de confianza ante el Congreso de la República, anunció que el Gobierno impulsaría “con decisión” el proyecto de Cálidda para masificar el gas natural.

Osinergmin plantea observación
Ahora, este diario consultó a algunas de las autoridades involucradas sobre el avance en ese proceso y quien respondió fue el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, quien advirtió que el proceso se ha visto frenado debido a observaciones que ha planteado el Osinergmin.
Gestión preguntó al regulador qué observaciones realizó a la adenda propuesta, pero hasta el cierre de este reporte no obtuvo respuesta oficial.
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Sin embargo, fuentes del Poder Ejecutivo detallaron a este diario que lo que ha observado Osinergmin son acotaciones referidas al reconocimiento de las inversiones que debe hacer el Estado a Cálidda por extender su servicio durante 10 años más.
Es decir, indicaron, se quiere determinar el costo que implicaría aprobar la adenda, sobre todo en la parte de los activos que añadirá la empresa considerando que las inversiones deben ser reconocidas en las tarifas del servicio.
En cualquier caso, refirieron que, como ahora se analizan las observaciones que ha planteado el regulador, no hay una fecha definida para concluir el análisis.

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Nuevas opiniones
El gobernador regional del Cusco mencionó que, a fin de dar respuesta a dichas observaciones, el Minem ha solicitado opiniones a diversos estudios jurídicos, economistas y contadores para determinar los flujos económicos que implicará la extensión del contrato con Cálidda.
Explicó que se ha acudido a estudios jurídicos para analizar el tema, dado que no existe normativa en nuestro país sobre el uso del gas natural en zonas altoandinas y amazónicas, de forma que se pueda reflejar en forma efectiva el costo por el servicio en esas zonas.
En cualquier caso, Salcedo refirió que la información que han recibido es que para fines de mayo deberían estar concluidos los nuevos estudios que permitan responder las observaciones planteadas.
Respecto a cuándo se podría firmar la adenda, el gobernador indicó que a partir de los informes que se reciban, esperan que se adopte una decisión política para su aprobación, aunque señaló que, como autoridades regionales, les genera incomodidad “la burocracia paquidérmica del Gobierno central para atender esta propuesta”.
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Es la quinta vez que se hacen cambios
Fuentes del sector indicaron a este diario que las respuestas a las observaciones del regulador corresponden darlas, ya no a la empresa, sino al Poder Ejecutivo, dado que el cálculo económico financiero de la propuesta es responsabilidad del MEF.
Explicaron que, en forma paralela a la propuesta de Cálidda, el Gobierno elaboró su propio modelo de cómo funcionaría una extensión de la concesión por 10 años adicionales, para determinar que se mantenga el equilibrio económico financiero de la misma.
Como resultado de ello, señalaron que, desde que Cálidda presentó esta iniciativa en el 2023, a la fecha, ya se han realizado cinco modificaciones a su propuesta de adenda, tanto en la parte técnica como la comercial y la referida a la cobertura a los usuarios.

Nuevas metas
Por ejemplo, si bien inicialmente la empresa proponía atender a 115,000 usuarios, el Gobierno habría requerido que se beneficie a un número mayor de consumidores, por lo cual se pasó a 201,000 conexiones iniciales, y luego a 300,000 conexiones, o 1.2 millones de personas.
Las voces consultadas refirieron que el Minem planteó diversos requerimientos de forma que las plantas de regasificación del gas que se tengan que construir en las regiones involucradas y el transporte virtual del gas (en cisternas especiales) formen parte de los activos de la concesión.
Gestión consultó también a ProInversión y al Minem para conocer su versión sobre el avance de la evaluación de la propuesta, pero hasta el cierre de este reporte no obtuvo respuesta.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.







