Alrededor del 26.2% de las bebidas alcohólicas que se comercializan en el Perú tendría procedencia ilegal, advierte la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Esto implica que una de cada cuatro bebidas que se encuentran en las tiendas serían productos falsificados, adulterados o ingresados de contrabando.
El avance de esta producción ilegal, que se vende a un precio menor que el alcohol legal, impacta en los productores que operan formalmente pues la “competencia” no cumple con las mismas obligaciones tributarias y regulatorias que aquellos que sí operan de manera legal.
“Los principales efectos de este comercio para las empresas formales es que reducen sus ventas, pierden clientes y se recortan los márgenes de rentabilidad. Cuando esto ocurre tiene una afectación en cadena a todo el sector productivo formal. Cuando una industria se vuelve más informal porque no puede afrontar los costos perdemos empleos de calidad y la capacidad de responder de manera adecuada”, comentó Silvia Hooker, representante de la SNI.
Si bien el Comité de Destilados de la SNI estima que la industria de bebidas alcohólicas en el Perú contribuye con casi 1% al Producto Bruto Interno (PBI) y produce cerca de 23.7 millones de litros de bebidas espirituosas, se trata de una industria donde predominan las empresas de menor tamaño.
Por ejemplo, en el tejido empresarial de la producción y venta de bebidas en el Perú se encuentran 623 destiladoras formales, de las cuales el 98.2% son micro y pequeñas empresas. Una de las razones porque las mypes de bebidas no crece es esta alta competencia ilegal, advirtió Hans Ramírez, analista de Comités Gremiales de la SNI.
“Esas 623 empresas destiladoras no consideran las productoras de cervezas, pisco y vino. Hay más de 300 empresas cerveceras distribuidas en todo el país y, productoras de pisco y vino, son más de 600. Estamos hablando de todo un conglomerado importante, pero la mayoría de estas, casi 99%, son pequeñas. Para poder mejorar la competitividad de este sector, tenemos que trabajar en el tema tributario, el regulatorio y la informalidad”, sostuvo.
La industria de bebidas alcohólicas en el Perú contribuye con casi 1% al Producto Bruto Interno (PBI). Imagen: Andina
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Ron y whisky
Dentro de la categoría de bebidas espirituosas, el ron y el whisky son los productos que más se falsifican y adulteran, mientras que en el caso del contrabando la mayor incidencia se observa en el whisky.
Cabe mencionar que, según precisa el gremio, la afectación económica es mayor para el ron debido a que representa alrededor del 40% de la producción total de bebidas espirituosas, con 9.5 millones de litros a nivel nacional.
En cambio, en el caso del whisky, existe una mayor importación. Durante el 2025 ingresaron al país 2.78 millones de litros de este licor procedentes del Reino Unido, que representó el 92.2% de las compras de esta bebida en el país.
El problema también alcanza a los puntos de venta. Para los bodegueros, las bebidas alcohólicas representan cerca del 30% de sus ingresos, mientras que en el sector restaurantes las bebidas alcohólicas y no alcohólicas representan alrededor del 26% de sus compras.
Pero el efecto económico no queda solamente en las empresas, pues la actividad ilegal también representa una menor recaudación para el Estado. Anteriormente, indicó Ramírez, se estimaba una pérdida fiscal de US$ 74 millones al año, lo cual es equivalente a construir 2,500 kilómetros de carreteras.
Ahora se estima que las bebidas adulteradas estarían generando una pérdida de aproximadamente S/ 350 millones anuales por menor recaudación de impuestos, indicó Antonio Castillo, Director Institucional de la SNI.
“Las bebidas adulteradas también generan una pérdida para el fisco, tanto por Impuesto General a las Ventas (IGV) como en Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), y se ha determinado que esto es aproximadamente S/ 350 millones”, refirió a este medio.
Este monto es mayor a lo que se estimaba en años previos, cuando se calculaba un impacto en el fisco de S/ 300 millones al año.
¿Cómo funciona la cadena ilegal?
Aunque la Ley N° 29632 establece sanciones para la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas ilegales, el enfoque no tiene en cuenta la dimensión real de esta producción y comercialización pues la presencia masiva de estos productos no se da solo por pequeños productores artesanales.
“El problema ha sido enfocarlo solo en el producto final sin atacar la cadena de fabricación y distribución. Por eso hablamos de que es un ‘crimen organizado’ […] Si solo lo trabajamos como un tema de decomiso, no vamos a llegar a la cadena de fabricació”, dijo Castillo a Gestión.
Detrás de un producto adulterado puede existir una cadena en la que participan acopiadores, fabricantes, transportistas y distribuidores que operan en distintos lugares, explicó Adrián Reyes, coordinador legal y compliance de Ron Cartavio Company.
“El proceso arranca con el acopio de botellas reutilizadas originales que salen de nuestras plantas, las rellenan sin certificación de salubridad, las empacan en cajas originales y las distribuyen en canales formales”, indicó.
Esta modalidad complica la identificación visual y la trazabilidad del producto, porque el envase puede conservar elementos auténticos aunque su contenido haya sido reemplazado.
El proceso no necesariamente se da en un solo lugar pues la fabricación puede realizarse en una ciudad, mientras que el almacenamiento y la distribución se desarrollan en otras zonas.
¿Qué se necesita?
Además de un cambio en el enfoque de la fiscalización que se hace a las bebidas alcohólicas, la SNI plantea establecer reglamentos técnicos obligatorios para las categorías de ron y whisky, tomando en cuenta el modelo de control que se aplica en el pisco.
“En el pisco ocurre menos [falsificación] porque se sacó una norma técnica y un reglamento técnico obligatorio con Denominación de Origen, donde el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la Comisión Nacional del Pisco (Conapisco) fiscalizan estrictamente. La norma técnica da los parámetros, pero lo que da el nivel de prohibición y cumplimiento exigible es el reglamento técnico”, indicó Castillo.
Esto, resaltaron, no se trata solo de un problema económico, sino también de salud pública. Cabe indicar que en las pruebas de laboratorio realizadas por Cartavio a productos adulterados incautados en el Perú se encontró contaminación bacteriana por encima de 200%, niveles de turbidez superiores al 500%, alteraciones en los grados de alcohol declarados y el uso de insumos como barniz en las tapas para disimular el desgaste de los envases reciclados.
