Las restricciones horarias para la venta de bebidas alcohólicas son una de las herramientas más utilizadas por las municipalidades en busca de prevenir hechos de violencia, reducir el ruido y preservar el orden público. Sin embargo, ¿basta con que un gobierno local fije un horario de cierre o debe demostrar técnicamente por qué esa medida es necesaria?
Esa fue una de las principales cuestiones que analizó recientemente la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi al revisar las limitaciones impuestas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para la comercialización de bebidas alcohólicas.
Municipios deberán justificar restricciones para vender alcohol o arriesgan que sean anuladas. | Foto: Generada por IA - ChatGPT
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La controversia surgió tras una denuncia presentada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que cuestionó como barreras burocráticas los horarios fijados por la MML para la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el Cercado de Lima y el resto de Lima Metropolitana. Como parte del mismo procedimiento, también se analizaron las restricciones para el funcionamiento de discotecas, salones de baile y establecimientos similares en el Cercado de Lima.
Al resolver el caso, la Sala reconoció que las municipalidades cuentan con competencias para regular estas materias. Sin embargo, precisó que esto no las exime de justificar las restricciones que imponen.
En ese sentido, concluyó que la MML no acreditó cuál era la problemática concreta que pretendía solucionar con los horarios establecidos ni presentó evidencia objetiva que demostrara que dichas limitaciones eran necesarias, razonables y proporcionales.
Ese análisis alcanzó tanto a las restricciones para la venta y expendio de bebidas alcohólicas como a las referidas al funcionamiento de discotecas y establecimientos similares.
En consecuencia, el Indecopi confirmó la resolución emitida en primera instancia y declaró como barreras burocráticas carentes de razonabilidad todas estas restricciones horarias.
No obstante, la sala precisó que su decisión no elimina la facultad de las municipalidades para regular estas actividades. Lo que exige es que cualquier restricción esté debidamente sustentada en evidencia objetiva y cumpla con los criterios de razonabilidad previstos en la normativa vigente.
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Un criterio que obliga a justificar las restricciones
Para Jesús Espinoza, exdirector del Indecopi y socio del estudio Muñiz, el principal aporte de la resolución no radicó en el resultado del caso, sino en el estándar que fijó para las futuras regulaciones municipales.
Explicó que, a diferencia de la mayoría de procedimientos sobre barreras burocráticas, el Indecopi no cuestionó la competencia de la MML para regular horarios, sino la falta de un análisis que demostrara que las restricciones respondían a un problema público real.
En esa línea, sostuvo que las municipalidades ya no podrán sustentar este tipo de medidas únicamente en argumentos generales sobre seguridad o tranquilidad pública. Ahora deberán acreditar, con evidencia objetiva, estadísticas, reportes o estudios, que existe un problema concreto y que la restricción resulta necesaria para solucionarlo.
Alfredo Lindley-Russo, socio fundador de GLR Abogados, coincidió en que este criterio obliga a fortalecer el proceso de elaboración de las ordenanzas. En su opinión, las restricciones deberán demostrar que son idóneas, proporcionales y que no existe una alternativa menos gravosa para alcanzar el mismo objetivo.
El debate ahora se traslada a las municipalidades distritales
Tras este pronunciamiento, la discusión podría extenderse a las restricciones impuestas por otros gobiernos locales. Lindley-Russo explicó que el criterio desarrollado por el Indecopi puede ser invocado para cuestionar medidas similares, aunque aclaró que la resolución solo produce efectos sobre las ordenanzas analizadas en este procedimiento.
El abogado añadió una diferencia importante: mientras las municipalidades distritales pueden regular los horarios de funcionamiento de determinados establecimientos, consideró que la fijación de horarios para la comercialización de bebidas alcohólicas corresponde a las municipalidades provinciales.
Por ello, sostuvo que los distritos únicamente deberían fiscalizar el cumplimiento de esas disposiciones y no establecer horarios propios.
Espinoza agregó que, si existen restricciones distritales similares, estas deberán ser cuestionadas mediante nuevos procedimientos ante el Indecopi. A su juicio, la decisión representó “un gran primer paso” y podría servir como referencia para revisar ordenanzas de otros distritos.
Venta de alcohol: municipios podrían perder restricciones horarias si no las sustentan | Foto: Referencial
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No todos los negocios podrán ampliar sus horarios de venta
Aunque el pronunciamiento podría beneficiar a algunos establecimientos, su efecto práctico dependerá de cada caso. Espinoza indicó que muchos restaurantes, bares y otros negocios tienen licencias de funcionamiento cuyo horario máximo coincide con el límite para vender bebidas alcohólicas. En esos supuestos, la resolución no modifica su operación, pues igualmente deberán cerrar a la hora autorizada.
El escenario es distinto para bodegas, minimarkets, supermercados o licorerías que cuentan con horarios de funcionamiento más amplios y cuya principal limitación era el horario para comercializar bebidas alcohólicas. En esos casos, el criterio podría representar un beneficio concreto, aunque el especialista insistió en que primero deberá revisarse la licencia otorgada por la municipalidad.
Revisar la licencia antes de extender la venta de alcohol
Antes de modificar sus horarios de atención, los especialistas recomendaron verificar las condiciones de la licencia de funcionamiento.
Espinoza advirtió que algunas autorizaciones incorporan restricciones específicas para la venta de bebidas alcohólicas, por lo que podría ser necesario solicitar una actualización para evitar observaciones o sanciones durante una fiscalización.
Lindley-Russo añadió que también será necesario identificar cuál es la norma que origina la restricción.
Si proviene de una ordenanza de la MML alcanzada por esta resolución, el escenario será distinto al de aquellas impuestas por municipalidades distritales, que continuarán vigentes mientras no sean cuestionadas y declaradas ilegales o carentes de razonabilidad.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
