
La expresidenta de Consejos de Ministros Betssy Chávez se encuentra desde el viernes en territorio mexicano, luego de recibir el salvoconducto otorgado por el Gobierno de Keiko Fujimori tras permanecer asilada durante casi nueve meses en la residencia del embajador de México, en el distrito de San Isidro. La medida permitió además restablecer las relaciones diplomáticas entre Perú y México.
En declaraciones a Panamericana TV el viernes, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, sostuvo que otorgar el salvoconducto a Chávez Chino fue “lo correcto jurídicamente” y afirmó que el Gobierno peruano ya no tenía otra alternativa.
“Sí, era lo correcto jurídicamente y el Gobierno peruano ya no tenía otra opción. Recordemos que el canciller Hugo de Zela, por aquel entonces, lo que va a presentar a la OEA es la necesidad imperiosa que todavía subsiste de incorporar al mecanismo de asilo que obliga a que la única entidad que califica la solicitud de asilo es el país al cual el peticionante se quiere acoger”, señaló.
El ministro explicó que para tomar la decisión se consideraron dos aspectos. El primero fue un criterio de “principismo”, basado en el principio jurídico según el cual, ante la solicitud de asilo de una persona, corresponde al Estado que concede dicha protección determinar su condición y permitir su traslado al país de asilo.
Álvarez también señaló que hubo una consideración de carácter pragmático, vinculada con la necesidad de recomponer las relaciones diplomáticas con México.
“Hay una dosis de pragmatismo”, indicó el titular de Justicia, quien sostuvo que el Perú no podía continuar manteniendo sus relaciones diplomáticas rotas con México debido a la importancia de los vínculos entre ambos países y a la participación que tienen en la Alianza del Pacífico.
En ese contexto, Álvarez recordó que Chávez fue sentenciada en noviembre del año pasado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.
Además, señaló que la exprimera ministra afronta otros procesos relacionados con presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias.
El titular de Justicia precisó que el otorgamiento del salvoconducto no impide que el Perú pueda solicitar posteriormente la extradición de Chávez. En ese sentido, sostuvo que la salida de la exministra del país no cierra la posibilidad de que las autoridades peruanas impulsen acciones judiciales para que cumpla la condena impuesta.
Asimismo, Álvarez cuestionó que Chávez haya permanecido varios meses en libertad y consideró que corresponde determinar qué funcionarios permitieron que la exministra llegara hasta la residencia del embajador mexicano para que posteriormente, saliera del país rumbo a México.
¿Qué pasa con Pedro Castillo?
Al ser consultado por la situación del expresidente Pedro Castillo, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, sostuvo que su caso es diferente y explicó que existen límites para la aplicación de mecanismos como el asilo, las gracias presidenciales o el indulto cuando estos puedan favorecer la impunidad.
“Los mecanismos como el asilo, las gracias presidenciales y el indulto son negados en condiciones que sirvan a la impunidad. Esto ha sido establecido incluso por el propio Tribunal Constitucional peruano y la Corte Interamericana”, señaló Álvarez.
En esa misma línea, el ministro descartó que sea factible otorgar un indulto al expresidente Alejandro Toledo bajo las actuales circunstancias.
Explicó que, ante una eventual situación grave de salud, Toledo tendría que sustentar una solicitud con informes médicos y someterse a la evaluación de la comisión correspondiente, conforme al procedimiento establecido.
Anuncia reforma funcional del sistema penal
El titular de Justicia, Ernesto Álvarez, anunció que impulsará una reforma funcional del sistema penal con el objetivo de reducir la excesiva duración de los procesos judiciales y corregir otros problemas que afectan el acceso de los ciudadanos a la justicia.

“Hay muchos elementos por cambiar, se necesitan reformas profundas del Código Procesal Penal. En la actualidad tenemos más de 20 tipos de audiencia, por ejemplo, en Estados Unidos se establecen minutos por audiencia, mientras que en el Perú una audiencia dura varias semanas por una pequeña decisión”, manifestó en declaraciones a Panamericana TV.
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Álvarez cuestionó así la duración de los procesos y la multiplicidad de audiencias que, según señaló, contribuyen a retrasar la administración de justicia. En ese sentido, planteó reducir los plazos procesales y fortalecer la participación de las víctimas durante los procesos penales.
Asimismo, consideró necesario revisar determinados aspectos del sistema de justicia y del funcionamiento de la Procuraduría, con el propósito de establecer responsabilidades cuando se produzcan actuaciones irregulares.







