
La entrega del salvoconducto a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, quien permanecía bajo asilo diplomático en la Embajada de México, generó reacciones divididas entre autoridades, congresistas y exfuncionarios. Chávez abandonó el país rumbo a México luego de que el Gobierno de Keiko Fujimori autorizara su salida.
La presidenta Keiko Fujimori defendió la decisión y señaló que su administración actuó de manera institucional y conforme al Derecho Internacional. “Correspondía otorgarle el salvoconducto a Betssy Chávez”, sostuvo, al remarcar que el Gobierno no debe actuar en función de colores políticos. Añadió que la medida fue bien recibida por México y contribuyó al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el otorgamiento del salvoconducto como una acción de “buena voluntad” del Gobierno peruano. Señaló que, con esta decisión, se podrán restablecer las relaciones entre ambos países. No obstante, aclaró que México mantendrá su posición respecto del expresidente Pedro Castillo.
Respaldo a la decisión
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, consideró que el Perú cumplió con sus compromisos internacionales al otorgar el salvoconducto y destacó que la medida demuestra respeto por la institución del asilo. Según señaló, la decisión permitirá restablecer las relaciones con México y constituye una “decisión de Estado”.
El Partido del Buen Gobierno también expresó su respaldo al otorgamiento del salvoconducto y sostuvo que la decisión permite al Perú cumplir con los tratados internacionales sobre asilo diplomático que ha suscrito. La agrupación, cuyo presidente es Jorge Nieto, señaló que el Estado peruano debe respetar sus acuerdos incluso cuando estos no le resulten favorables y consideró que el cumplimiento de los compromisos permitirá avanzar en el restablecimiento de las relaciones con México.

En el Congreso también hubo respaldo. Ernesto Zunini, diputado y vocero de Juntos por el Perú, sostuvo que la entrega del documento se ajusta a los tratados internacionales sobre asilo diplomático y saludó la normalización de las relaciones con México. En una línea similar, Jaime Quito, senador de la misma agrupación, afirmó que el salvoconducto era obligatorio según la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.
Catherin Palomino y Yennifer Paredes, ambas diputadas de Juntos por el Perú, también respaldaron la medida. Paredes sostuvo que el asilo es un derecho y calificó positivamente las primeras acciones de la presidenta Fujimori.
El abogado penalista Humberto Abanto calificó la decisión como correcta, al considerar que permite al Perú cumplir sus obligaciones internacionales y respetar su Constitución. Sin embargo, sostuvo que el Estado peruano debería recurrir ante la Corte Internacional de Justicia para cuestionar la calificación de Chávez como perseguida política por parte de México.
Cuestionamientos y pedido de extradición
En el otro extremo, legisladores de Renovación Popular expresaron su rechazo al salvoconducto. Alejandro Muñante, senador y primer vicepresidente del Senado, sostuvo que la Corte Suprema tiene la oportunidad de ratificar la sentencia contra Chávez y remarcó que “nadie está por encima de la ley”.
El diputado Aldo Bravo cuestionó que Chávez haya salido del país pese a contar con una sentencia y pidió que el Estado peruano active los mecanismos legales y diplomáticos para solicitar su extradición a México. Paola Martínez también exhortó al Poder Judicial, Ministerio Público y Gobierno a tramitar una eventual extradición.
Frank Krklec rechazó el salvoconducto y cuestionó que este se haya otorgado en el marco del restablecimiento de las relaciones con México. Sostuvo que la política exterior debe basarse en el respeto mutuo y el Derecho Internacional.
La senadora Lourdes Alcorta también expresó su desacuerdo y afirmó que la decisión pudo manejarse de otra manera. José Baella, por su parte, señaló que Chávez fue sentenciada por tribunales peruanos y sostuvo que debió cumplir su condena en el país.
Otras reacciones
El excongresista Yonhy Lescano calificó como positivo el restablecimiento de relaciones con México y el otorgamiento del salvoconducto, aunque pidió también atender otros asuntos pendientes.
En tanto, Anahí Durand calificó como importante la entrega del salvoconducto y sostuvo que Chávez se encuentra ahora “a salvo de la persecución política”.
El abogado y excongresista Víctor Andrés García Belaunde cuestionó, en cambio, los términos del acercamiento entre ambos gobiernos y planteó si se trató de una negociación entre pares o de una imposición.
Por su parte, Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros, consideró que el salvoconducto se ajusta a derecho y contribuye a normalizar las relaciones, aunque recordó las diferencias que Perú mantuvo con México durante el gobierno de Pedro Castillo.







