El diputado Gustavo Segura Figueroa, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que plantea crear un régimen penitenciario especial para personas condenadas por delitos considerados de extrema violencia. La iniciativa establece condiciones de reclusión más estrictas, elimina beneficios penitenciarios y contempla medidas adicionales de seguridad.
La propuesta busca incorporar los artículos 11-D y 42-A al Decreto Legislativo N.° 654, Código de Ejecución Penal, para crear el denominado Régimen Cerrado Especial de Seguridad Extrema.
De aprobarse, este régimen alcanzaría a internos sentenciados por una serie de delitos contemplados en el Código Penal, entre ellos homicidio calificado, sicariato, extorsión, trata de personas, secuestro y determinados delitos contra la libertad sexual.
¿Qué condiciones plantea?
El proyecto establece la supresión total de beneficios penitenciarios para los internos sometidos a este régimen. Así, no podrían acceder a la redención de pena por trabajo o educación, semilibertad, liberación condicional ni permisos de salida.
Asimismo, los internos permanecerían 23 horas al día en celdas individuales y dispondrían de una hora de patio, sin contacto con otros reclusos sometidos al mismo régimen.
El proyecto plantea que los internos permanezcan 23 horas al día en celdas individuales y tengan solo una hora de patio. Foto: Congreso.
La iniciativa también plantea reglas específicas sobre la presentación personal: los internos deberán llevar el cabello corto, tipo militar, con una longitud máxima de un centímetro y sin barba.
En cuanto a las visitas, estas quedarían restringidas a familiares directos una vez al mes, mediante locutorio con separación física. Como alternativa, se permitiría una comunicación telefónica de 10 minutos al mes.
Además, los internos deberán utilizar de manera obligatoria y exclusiva un uniforme penitenciario estandarizado, de color diferenciado y sin inscripciones, logotipos o frases.
Régimen durante toda la condena
La propuesta señala que el régimen especial se aplicaría durante todo el periodo de la condena. La posibilidad de pasar a un régimen ordinario quedaría sujeta a una resolución judicial debidamente motivada.
Para ello, el interno tendría que haber cumplido 35 años de pena efectiva y contar con una evaluación psicológica favorable durante cinco años consecutivos.
El proyecto también dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), adecúe los establecimientos penitenciarios en un plazo de 180 días calendario para habilitar pabellones exclusivos para este régimen.
El argumento del proyecto
En la exposición de motivos, Segura sostiene que las personas condenadas por delitos de extrema violencia deben cumplir sus penas bajo condiciones de máxima seguridad mediante un régimen diferenciado, estricto y especializado.
El legislador considera que las actuales condiciones penitenciarias podrían resultar “insuficiente frente a internos que representan un alto riesgo penitenciario o que han sido condenados por delitos de especial crueldad, organización o violencia”.
