
Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso de la República de Perú busca duplicar la licencia por paternidad para los trabajadores del sector público y privado.
La iniciativa, presentada por la diputada Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, también propone que el costo de este beneficio sea asumido por el Seguro Social de Salud (EsSalud) o las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
La propuesta vuelve a poner sobre la mesa una discusión que había avanzado en el periodo parlamentario anterior, pero que no terminó incorporándose a la legislación. Ahora, el nuevo intento abre nuevamente el debate sobre hasta dónde debería extenderse la licencia, cómo funcionaría su financiamiento y qué efectos tendría el cambio tanto para las empresas como para el sistema de seguridad social.
¿Qué plantea el proyecto?
El Proyecto de Ley propone modificar la Ley N.° 29409 para duplicar la licencia ordinaria por paternidad. Así, en los casos de parto natural o cesárea, el periodo pasaría de los actuales 10 a 20 días calendario consecutivos.
También se ampliarían los supuestos especiales:
- 30 días por nacimientos prematuros o partos múltiples
- 35 días cuando el recién nacido presente una enfermedad congénita terminal o discapacidad severa
- 35 días cuando existan complicaciones graves en la salud de la madre
La otra modificación central está en quién financia este beneficio. La propuesta incorpora un artículo 5 a la Ley N.° 29409 para disponer que EsSalud o la EPS donde se encuentre afiliado el padre trabajador asuma el costo de los días de licencia por paternidad. Actualmente, al tratarse de una licencia con goce de haber, este costo recae sobre el empleador.
Finalmente, el proyecto busca ampliar el alcance del derecho al eliminar la referencia a que el nacimiento corresponda a la “cónyuge o conviviente” del trabajador.
De esta manera, la licencia se vincularía directamente con la condición de padre y con la asistencia al recién nacido, independientemente de la relación que mantenga con la madre.
Intento anterior quedó a un paso de ser ley
La ampliación de la licencia por paternidad ya tuvo un avance importante en el Parlamento anterior.
Diego Palacios, socio de Damma Legal Advisors, recordó que el texto fue aprobado por el pleno en marzo de 2024 y la autógrafa enviada al Poder Ejecutivo en junio de ese mismo año. Sin embargo, el texto fue observado y, aunque la Comisión de Trabajo aprobó posteriormente un dictamen de insistencia, este nunca fue votado por el pleno antes de concluir el periodo parlamentario.
Juan Valera, abogado laboralista, también recuerda que el procedimiento quedó inconcluso. La propuesta anterior planteaba 15 días de licencia ordinaria: 10 financiados por el empleador y cinco por EsSalud. El nuevo proyecto va considerablemente más lejos, pues eleva el descanso a 20 días y pretende que todo su costo sea asumido por EsSalud o una EPS.

Subsidio todavía no existe
El principal problema técnico aparece en el financiamiento. Valera advierte que no basta con señalar que EsSalud asumirá el costo: deben establecerse requisitos de aportación, mecanismos de acreditación, plazos y la forma en que se realizará el pago. También cuestiona que se incluya a las EPS, pues los trabajadores que cuentan con estas entidades continúan afiliados a EsSalud.
Palacios agrega que sería necesario crear expresamente el subsidio por paternidad en la Ley N.° 26790, de modernización de la seguridad social, y adecuar las normas que regulan las prestaciones económicas de EsSalud. Además, considera erróneo atribuir actualmente el pago a las EPS, ya que estas brindan cobertura de salud, pero no tienen como función ordinaria pagar subsidios de sustitución de ingresos.
Otro vacío es quién entregaría inicialmente el dinero. Para Palacios, una alternativa sería que la empresa mantenga el pago habitual y posteriormente solicite el reembolso, evitando que el trabajador pierda ingresos. Sin embargo, ello significaría que el empleador financie temporalmente la licencia y asuma el riesgo de una demora o rechazo de EsSalud.
Empresas mantendrían otros costos
Aunque EsSalud finalmente financie la remuneración, el impacto empresarial no desaparecería.
Valera señala que una ausencia de 20 días puede obligar a redistribuir funciones, reorganizar turnos o contratar reemplazos. La afectación sería mayor en empresas con plantillas reducidas, operaciones continuas o trabajadores especializados.
Palacios añade costos por horas extras, contratación y capacitación de sustitutos, pérdida temporal de productividad y gestión del reembolso. Más que un sector específico, considera determinantes el tamaño de la plantilla, la especialización del trabajador y la dificultad para interrumpir operaciones. Por ello, trasladar la remuneración a EsSalud reduciría parte del costo, pero no eliminaría las consecuencias para el empleador.

Licencia exigible antes de que exista cómo pagarla
Otro punto sensible es que el proyecto establece que la falta de reglamentación no impedirá su aplicación.
Palacios advierte que los trabajadores podrían exigir inmediatamente, si se vuelve ley, los nuevos periodos de licencia mientras EsSalud todavía no tenga un procedimiento para reconocer y pagar el subsidio.
Esto podría traducirse en reembolsos rechazados, problemas en planillas y controversias sobre quién debe asumir inicialmente el pago. Por ello, plantea establecer un régimen transitorio para que la ampliación entre en vigencia cuando el mecanismo de financiamiento se encuentre operativo.
Valera coincide en que, mientras ello no ocurra, las empresas podrían terminar asumiendo temporalmente el costo.
Costo para EsSalud sigue sin calcularse
El financiamiento también podría convertirse nuevamente en un obstáculo para la aprobación. Palacios recuerda que el proyecto anterior estimó en aproximadamente S/ 20.5 millones el costo de financiar solo cinco días adicionales, utilizando información de años anteriores.
La nueva iniciativa pretende que EsSalud financie periodos de entre 20 y 35 días, por lo que aquella estimación ya no permitiría determinar el costo de la propuesta actual.
Valera considera necesario realizar un estudio actuarial que determine si EsSalud puede sostener la nueva prestación. Palacios cuestiona además que el análisis costo-beneficio del proyecto señale que no se generaría gasto directo y que las entidades podrían asumir la medida con los recursos ya asignados.
Para los especialistas, el Congreso debería definir la fuente de financiamiento y comprobar su sostenibilidad antes de aprobar la reforma.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.







