La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que la demora en la entrega del material electoral de las Elecciones 2026 se debió a problemas con la empresa Servicios Generales Galaga.
La empresa tenía el encargo de distribuir el material electoral a, por lo menos, 75 instituciones educativas de Lima Metropolitana, especialmente en la zona sur.
La entidad indicó que la empresa no entregó a tiempo el material, equipos informáticos e implementos necesarios para el simulacro y el sufragio, tanto a las Odpe en regiones del país como a los locales de Lima Metropolitana y Callao.
LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: Fiscalía realiza diligencia en la ONPE ante retraso de instalación de mesas
El organismo electoral detalló que la distribución del material se hizo en tres fases: el 22 de marzo hacia Cancillería para el voto en el exterior, el 28 de marzo hacia el interior del país por vía terrestre y aérea, y el 10 de abril hacia los locales de Lima Metropolitana y Callao.
En esta última fase, resaltó la ONPE, la empresa no contaba con los vehículos necesarios para asegurar una adecuada distribución del material y los equipos informáticos.
LEA TAMBIÉN: JNE determinará quiénes son los responsables por el retraso en entrega de material electoral
Ante ello, se reportó que varios distritos de Lima reportaron retrasos en la apertura de mesas y locales de votación por falta de material para los comicios, pese a que se había prometido resolver estos problemas antes de las 9 de la mañana, plazo que no se cumplió.
Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresan material electoral, en el colegio Libertador San Martín en Lima, el 12 de abril de 2026. (Renato Pajuelo / EFE)
Radiografía de la empresa
Servicios Generales Galaga, encargada del traslado de material electoral en Lima para las Elecciones Generales 2026, tiene antecedentes de penalidades de la ONPE en 2020 y 2023 por incumplimientos en el despliegue y repliegue de material y equipos, lo que muestra observaciones previas en su desempeño logístico electoral.
En julio de 2020, tras un contrato suscrito en diciembre de 2019 para el traslado de material de sufragio de las elecciones congresales extraordinarias (por S/ 2’982,338.91), la ONPE sancionó a la empresa con S/55,900 por retrasos injustificados en la ejecución del servicio.
LEA TAMBIÉN: Gremios empresariales cuestionan a la ONPE por retrasos en jornada electoral
Nuevamente, ese mismo año, pero en septiembre, la ONPE le impuso una tercera penalidad de S/6,803.17 por incumplimientos en el despliegue de material electoral para los comicios municipales complementarios.
LEA TAMBIÉN: ONPE admite errores: más de 63,000 electores se quedaron sin votar al no instalarse mesas
Galaga opera desde marzo de 2010, fue fundada por Juan Charles Alvarado Pfuyo, actual gerente general, y se presenta como especializada en logística y transporte con más de 10 años de experiencia.
Según información recopilada en su página web, la empresa brinda transporte de carga exclusiva, equipos tecnológicos, mercadería general, distribución y almacenaje. Además, tiene sede en el distrito de San Juan de Lurigancho y 13 trabajadores en planilla según Sunat.
LEA TAMBIÉN: Contraloría despliega auditores en Lima Metropolitana ante incidencias en jornada electoral
Según información a la que accedió El Comercio, Galaga obtuvo 25 contratos y órdenes con entidades del Estado entre 2018 y 2026, incluyendo al Ministerio de Vivienda, la ONPE, Cenares, Diris Lima Sur, la Municipalidad de Lima y el Programa de Educación Básica para Todos.
Con Diris Lima Sur, Galaga firmó contratos por S/ 3,411,300 y S/ 1,677,875; con Cenares suscribió contratos por 650 mil y 300 mil soles, y con la Municipalidad de Lima recibió una orden de servicio por 420 mil soles.
Fiscalía y PNP llega a la sede de la empresa
Por otro lado, agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público llegaron al local de la empresa Servicios Generales Galaga SAC.
Sin embargo, la diligencia no se concretó porque el local estaba cerrado y nadie respondió pese a que las autoridades tocaron la puerta por más de 10 minutos.
Ante la ausencia de respuesta, los agentes policiales y los representantes del Ministerio Público levantaron un acta de lo ocurrido para posteriormente retirarse, sin ofrecer declaraciones.
