La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial (PJ) que deje sin efecto la resolución que archivó la investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el caso de los aportes a la campaña de Alianza por el Gran Cambio en las elecciones del año 2011.
La apelación de la Procuraduría se sustentó en la tutela jurisdiccional efectiva, la debida motivación de las resoluciones, la correcta interpretación de la ley y la pluralidad de instancias, solicitando que se revoque la resolución cuestionada y que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa del exmandatario.
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El magistrado también resolvió “tener por no presentada” la apelación del Ministerio Público, debido a que dicha entidad no fundamentó su recurso dentro del plazo establecido, que ya había vencido.
Como se recuerda, la defensa legal del Estado interpuso una apelación contra la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho del 14 de mayo, la cual declaró fundada una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa legal de Kuczynski. Por ello, se ordenó el archivo de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
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La investigación se inició luego de que el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, informara a la Fiscalía que la empresa brasileña entregó 300 mil dólares del Sector de Operaciones Estructuradas para la campaña de Alianza por el Gran Cambio.
Concepción Carhuancho archivó la investigación contra Kuczynski amparándose en una resolución de la Corte Suprema sobre Susana de la Puente.
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En dicha decisión se declaró fundada una petición similar y se ordenó el archivo del caso al determinarse que no se configuraba uno de los elementos del delito de lavado de activos, debido a que el origen del dinero no habría sido ocultado al haberse canalizado por el sistema bancario, lo que lo hacía rastreable.
El juez señaló que la situación jurídica de Susana de la Puente presenta similitudes con la de Kuczynski, ya que ambos habrían intervenido en los mismos hechos con roles distintos, por lo que deberían recibir la misma respuesta jurídica conforme a lo decidido por la Corte Suprema.
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Por ello, el magistrado sostuvo que corresponde aplicar las líneas jurisprudenciales fijadas por la Corte Suprema en este caso, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y previsibilidad en las decisiones judiciales.
Procuraduría busca reabrir el caso de los aportes a la campaña del 2011 del expresidente, tras el archivamiento dictado por el juez Concepción Carhuancho con base en un fallo de la Corte Suprema. (Foto: El Comercio)
