Ante los cuestionamientos formulados por el candidato presidencial Roberto Sánchez respecto al proceso electoral, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Helder Domínguez subrayó que cualquier acusación sobre presuntas irregularidades debe sustentarse con pruebas objetivas.
“Es un tema importante, delicado, pero no podríamos adelantar opinión porque seguramente va a llegar, vía algún proceso de amparo, al Tribunal Constitucional”, manifestó.
No obstante, enfatizó que en un sistema democrático toda denuncia debe estar respaldada por medios probatorios suficientes. “Cuando se acusa de alguna situación irregular, siempre es necesario los medios probatorios. Una prueba idónea es la que debe respaldar cualquier opinión”, sostuvo.
LEA TAMBIÉN:Transparencia rechaza acusaciones de fraude sin pruebas y el desconocimiento de resultados
Llamado a respetar la voluntad ciudadana
El titular del TC también recordó que, más allá de las discrepancias políticas, los actores democráticos deben respetar la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas.
“Todo ciudadano, todo demócrata, finalmente debe respetar las decisiones del poder ciudadano”, afirmó el magistrado, informó Canal N.
LEA TAMBIÉN: Fujimori logra la ventaja suficiente sobre Sánchez para ser la próxima presidenta de Perú
Magistrado Helder Domínguez advierte que acusaciones deben probarse. Foto: GEC.
Sobre posible inhabilitación
Consultado sobre las afirmaciones del exmagistrado Óscar Urviola, quien señaló que Sánchez podría enfrentar una eventual inhabilitación política, Domínguez explicó que ello dependería de la existencia de una infracción constitucional.
“Si es que cometiera una infracción constitucional, el Congreso, dentro de sus atribuciones y facultades, puede iniciar algún procedimiento parlamentario para su inhabilitación”, indicó.
Sin embargo, recordó que cualquier sanción política de esa naturaleza también puede ser revisada posteriormente por el propio Tribunal Constitucional.
Habeas corpus contra la proclamación
Respecto al habeas corpus presentado por Juntos por el Perú con el objetivo de impedir la proclamación de la candidatura ganadora, Domínguez señaló que corresponde a los jueces determinar si existe realmente una vulneración de derechos fundamentales.
Explicó que para admitir un proceso constitucional es indispensable identificar qué derecho constitucional habría sido afectado. “Para interponer un habeas corpus o cualquier proceso de tutela, se debe identificar qué derecho constitucional se ha vulnerado o amenazado”, precisó.
Asimismo, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pueden ser sometidas a control constitucional cuando exista una presunta vulneración de derechos fundamentales.
“Ya el Tribunal Constitucional, en anteriores sentencias, ha señalado que toda decisión del Jurado Nacional de Elecciones es susceptible de alguna impugnación o algún proceso constitucional en la medida que se vulnere un derecho constitucional”, explicó.
Pese a ello, evitó adelantar una posición sobre el caso concreto debido a que existen procesos vinculados a materia electoral que eventualmente podrían llegar al máximo intérprete de la Constitución.
Finalmente, reiteró que será responsabilidad de los órganos jurisdiccionales evaluar si las acciones presentadas cuentan con sustento jurídico suficiente para prosperar.
Como se recurda el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, retrocedió y ahora dice que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori.
