Los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia rechazaron las declaraciones públicas y denuncias presentadas ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte de actores políticos con representación parlamentaria contra magistrados del Poder Judicial (PJ).
A través de un comunicado, indicaron que la independencia judicial es fundamental para el Estado de Derecho y está protegida por la Constitución, la cual impide a autoridades, poderes del Estado o actores políticos interferir en la labor de los jueces.
En el pronunciamiento, precisaron que esta independencia no es un beneficio personal de los magistrados, sino una garantía para que la ciudadanía reciba una justicia imparcial, transparente y conforme a la Constitución y las leyes.
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Los titulares de las cortes afirmaron que cuestionar o responsabilizar a jueces por aplicar debidamente la ley afecta la función jurisdiccional. Además, precisaron que las discrepancias con resoluciones judiciales deben resolverse mediante recursos e impugnaciones legales.
Asimismo, respecto al ejercicio de la labor judicial, se precisó que, tanto el artículo 18 de la Ley de la Carrera Judicial y el artículo 5 del Código de Ética del Poder Judicial determinan que ningún magistrado puede ser objeto de sanción, persecución ni amedrentamiento disciplinario o penal debido al sentido de sus resoluciones o a sus interpretaciones del ordenamiento legal.
Los magistrados, en el comunicado, también reafirmaron su compromiso irrestricto con la defensa de la independencia judicial como salvaguarda de los derechos ciudadanos y premisa básica del Estado Constitucional de Derecho.
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Finalmente, exhortaron a los actores políticos y autoridades a evitar cualquier forma de intimidación, interferencia o uso de instituciones públicas contra jueces que administran justicia conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.
Los titulares de las cortes afirmaron que cuestionar o responsabilizar a jueces por aplicar debidamente la ley afecta la función jurisdiccional. Foto: GEC
