El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 607 distritos de algunas provincias de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali por peligro inminente ante déficit hídrico para el período de lluvias 2026-2027.
La medida fue oficializada mediante Decreto Supremo 116-2026-PCM, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
El decreto supremo lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y ministros de Estado.
El estado de emergencia permitirá la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente; así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
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Los gobiernos regionales, así como los gobiernos locales comprendidos con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación de los ministerios y demás instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
El estado de emergencia por déficit hídrico permitirá la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias. Foto: EFE/Miguel Sierra/ARCHIVO
Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.
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La implementación de las acciones previstas se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
De esta forma, el Gobierno Nacional busca consolidar una respuesta articulada y descentralizada frente a eventos climáticos, y reafirma el compromiso de trabajar junto con las autoridades regionales para proteger a la población y sus medios de vida.
