La bancada Honor y Democracia, a iniciativa del congresista Jorge Montoya, presentó un proyecto de ley en el que se propone realizar una reorganización administrativa a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Según la propuesta, se declarará en emergencia funcional a la ONPE por un plazo de 6 meses, contados desde la entrada en vigencia de la ley, con carácter excepcional, temporal y estrictamente administrativo.
El objetivo es aplicar medidas extraordinarias, temporales y proporcionales de reorganización administrativa para garantizar la voluntad popular, así como fortalecer la confianza en el sistema electoral.
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En el documento se precisó que la reorganización respeta la autonomía constitucional de la ONPE y solo recae sobre su estructura administrativa y de gestión, sin interferir en su función organizar y ejecutar procesos electorales.
Asimismo, se pretende autorizar de forma excepcional la suspensión parcial de disposiciones internas y reglamentarias de la ONPE únicamente, y en lo estrictamente necesario, para implementar la reorganización, sin afectar normas vinculadas a sus competencias esenciales
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La propuesta también estableció la creación de una Comisión Técnica de Reorganización de naturaleza temporal, autónoma y especializada, integrada por el jefe de la ONPE (que la preside), dos representantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y dos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), todos miembros de los plenos respectivos y sin generar incompatibilidades en sus cargos.
La ONPE y las demás instituciones deberán brindar apoyo administrativo, técnico, logístico y de personal para el funcionamiento de la comisión durante el periodo de emergencia.
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Entre las funciones de la comisión se encuentran: evaluar el desempeño institucional de la ONPE, analizar los procesos logísticos y operativos electorales, evaluar al personal y disponer medidas como remoción, suspensión o propuesta de cese cuando haya indicios razonables de responsabilidad grave o afectación al servicio electoral.
Asimismo, la comisión puede iniciar procedimientos administrativos disciplinarios, disponer medidas de reorganización y desburocratización, proponer reformas normativas de la ONPE, aprobar normas reglamentarias para la reorganización y poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos que puedan implicar responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Fachada de la sede principal de la ONPE. Foto: GEC.