
El Ministerio Público presentó una acusación contra el expresidente Martín Vizcarra por su presunta intervención en la contratación de Richard Cisneros, conocido también como “Richard Swing”, en el Ministerio de Cultura mediante órdenes de servicio.
El fiscal adjunto supremo Eduardo Casaverde acusó a Vizcarra como presunto autor del delito de negociación incompatible en agravio del Estado y solicitó una pena de 5 años y 4 meses de prisión, inhabilitación por 6 años y 10 meses para ejercer función pública y el pago de 304 días multa por un total de S/44,627.20.
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Sin embargo, el fiscal Casaverde solicitó al Poder Judicial que pruebe el sobreseimiento o archivo del delito de peculado doloso agravado por apropiación a favor del tercero imputado a la exministra de Cultura, Patricia Balbuena, dentro de este mismo proceso.
Este requerimiento fiscal fue remitido al despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien ordenó poner el documento en conocimiento de las partes para que se pronuncien dentro de un plazo de 10 días.
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Una vez vencido ese plazo, el juez deberá resolver el pedido de sobreseimiento o archivo y, posteriormente, iniciar la etapa intermedia o audiencia de control de acusación, en la que se definirá si el expresidente Vizcarra pasa o no a la fase de juicio oral por este caso.








